Balears acudió ayer a la comisión sectorial organizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España sin saber si la comunidad autónoma se quedará fuera del pacto entre el Ejecutivo central y el canario que propone repartir a los menores migrantes no acompañados de las Islas Canarias y Ceuta entre las demás comunidades o si, por el contrario, tendrá que formar parte del reparto.
El encuentro, que comenzó a las 16.00 horas en Madrid y se dilató toda la tarde, tenía como objetivo reunir a los directores generales de los distintos Ejecutivos autonómicos para trazar las propuestas y medidas que se presentarán en la conferencia sectorial de febrero, en Ceuta. En representación del Govern balear acudió la directora general d’Infància, Joventud, Famílies, Igualtat i Diversitat, María Farners.
Aunque aún no ha trascendido los detalles de la reunión, Farners ya adelantó la semana pasada a los medios que una de las propuestas de las Islas sería no ser receptora, alegando una falta de capacidad para ello. Sobre esta idea se volvió a pronunciar ayer la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer.
Durante una rueda de prensa Cirer reiteró que Balears «no tiene capacidad como comunidad autónoma para ser receptora de un reparto» de menores migrantes no acompañados «que marque el Gobierno».
Asimismo, aclaró que «aún está llegando documentación» sobre el plan extraordinario de la infancia migrada que prepara el Ministerio y que «no se sabe exactamente la propuesta por parte del Gobierno de España» para dar respuesta a este flujo migratorio.
Sin embargo, apuntó que teniendo en cuenta que «hoy Balears acoge a los menores migrantes no acompañados que llegan directamente a las costas» del Archipiélago, «la propuesta de la comunidad sería que si se establece un reparto Balears seguirá con la atención que brinda a los que llegan aquí, pero no tiene capacidad como comunidad para ser receptora, bien sea por un convenio de Canarias o de Ceuta y Melilla».
Por otro lado, la consellera hizo hincapié en la solidaridad de Balears, que a su juicio es «máxima». En este sentido, apuntó que «cuando hemos tenido capacidad, hemos accedido a una parte del reparto pero, en estos momentos, vista la situación que tenemos, no tenemos capacidad para acoger de forma digna a personas que vengan de otras comunidades».
Por último, añadió que «este sería el planteamiento», pero que «veremos cuál es el supuesto y qué condiciones se plantean», concluyó.
EL APUNTE
Pendiente de la fórmula jurídica
El ministro Ángel Víctor Torres señaló ayer, antes de la comisión, que la propuesta del gobierno canario y el central «avanza» y en los próximos días se elevará a los servicios jurídicos para que determinen si se debe continuar con un decreto ley o una proposición de ley. Una vez esté listo el informe, ambos ejecutivos se sentarán con los grupos políticos para recabar los apoyo necesarios en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que la medida supone el reparto de 4.000 menores de Canarias y 500 de Ceuta.
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