Asume la presidencia de la Asociación de Constructores de Balears en plena crisis habitacional y con las empresas inmersas en un sinfín de contenciosos con los ayuntamientos a cuenta de las revisiones de precios por el encarecimiento material. Climent Olives (Alaior, 1970) toma el relevo de Fanny Alba en un momento clave del sector en el Archipiélago.
Parte del paquete de medidas del Govern para abaratar la vivienda son a propuesta de su sector...
—Creemos que es positivo, pero los efectos no son todavía visibles. Hasta que no empecemos a desbloquear urbanizables y tengamos suelo a precio más bajo, la vivienda seguirá siendo cara.
¿Se podrá volver a construir vivienda a precio asequible?
—Somos optimistas, pero el material desde la covid ha tenido una subida muy pronunciada. Se están estabilizando los precios, pero siguen siendo altos. Es un factor en contra que seguiremos teniendo porque el precio de construcción nunca volverá a ser el de antes de la covid, por mucho suelo barato que podamos ganar.
¿Las unifamiliares de gama alta seguirán ganando terreno?
—Ganando terreno no lo sé, pero sí que seguirá la tendencia actual. No hay tiempo para que eso cambie y las plurifamiliares se vean impulsadas. Tenemos un panorama de al menos dos años por delante en que eso se va a mantener.
Los factores que han llevado a esta situación van a seguir ahí, contrarrestando las medidas que se tomen: crecimiento poblacional, compra extranjera, suelo limitado...
—Problemas seguiremos teniendo, pero se verán reducidos si somos capaces de poner en el mercado una oferta lo suficientemente grande de vivienda. También hacen muchas obras de rehabilitación porque hay mucha casa cerrada que lo necesita, mucho local abandonado... Y todo eso serán viviendas que se pondrán en el mercado.
¿Cuánto se ha encarecido el material en la construcción?
—Entre un 30 % y un 35 % en los materiales comunes. El año pasado el cemento subió un 45 %, una materia prima única que ya no bajará en ningún caso más de un 2 % o un 3 %. Eso supone un coste añadido a la vivienda. A eso hay que sumar costes por la normativa de eficiencia energética, impuestos en licencia municipal, IVA... En un proyecto de 200.000 euros hablaríamos de un 25 % –es decir, 50.000 euros como mínimo– solo en gastos de tramitación y documentación.
¿Siguen peleados con los ayuntamientos porque no actualizan los precios de los contratos públicos?
—En la revisión de precios no se ha avanzado. A corto plazo no la veremos y la extraordinaria en parte de municipios ha sido un fracaso y hay bastantes procedimientos judiciales abiertos. Lo que debía ser una ayuda para las empresas se ha convertido en una pesadilla. Estamos bastante desanimados con los ayuntamientos: el Govern más o menos cumple, pero la mayoría de municipios ha hecho oídos sordos.
Falta mano de obra joven y formada en todos los sectores. ¿Es aún peor la situación en el suyo?
—Somos uno de los sectores que han apostado más fuerte por la formación con centros en cada isla para poder incorporar a gente joven de aquí. Tenemos que recuperar la categoría de aprendiz, ese joven que cuando acababa la ESO no quería seguir estudiando y venía a en la obra. Es un nicho que estamos perdiendo. Si a los 16 o 18 cogen otro camino ya no los recuperas, pero si los tienes dos años de aprendizaje hay muchas posibilidades de que se queden.
¿El plan de pensiones sectorial es la vía a seguir para fidelizar personal?
—Es un buen argumento, porque las generaciones presentes ya tienen un futuro complicado con las pensiones. La construcción ha sido pionera y lo más probable es que todos los sectores acaben teniendo su propio plan de pensiones.
Reclaman a los consistorios flexibilizar horarios sin mucha suerte.
—Pedimos que el Govern modifique la ley de ruidos y los ayuntamientos nos ayuden. Los golpes de calor son cada vez más habituales y tenemos que reducir la jornada, pero si queremos empezar a estirar por la mañana topamos con las ordenanzas municipales. Estaríamos encantados de empezar a las siete de la mañana y acabar a las tres, pero hay municipios que te marcan el inicio a las ocho, las nueve o las diez y media. Se ha de poder compatibilizar nuestra actividad con el descanso de las personas.
¿La mentalidad del trabajador ha cambiado desde la pandemia?
—Desde la pandemia hay un cambio, falta compromiso. La gente prioriza más el bienestar que el trabajo: cuando ha acabado su jornada ya no quieren trabajar más y hace 30 años querían seguir trabajando para poder comprarse una segunda residencia. No es una crítica, sino una descripción de un cambio real. Hablas con jóvenes que te dicen que por mucho que quieran no se podrán comprar una vivienda ni trabajando más. ¿Qué hacen? Pues a vivir. En una entrevista de trabajo ahora te preguntan primero por el horario y después por el dinero.
¿La mano de obra extranjera está absorbiendo el trabajo que el local ya no quiere?
—Tienen un peso bastante grande. Todas las plantillas pasan de 50 años de media, los jóvenes que puedas encontrar son contados y probablemente sean inmigrantes. Los verdaderos problemas llegarán dentro de seis o siete años, cuando la mayor parte de las plantillas actuales se jubilen.
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