Los desahucios se sitúan en Baleares en mínimos históricos: menos de 900 al año

Imagen de archivo de los juzgados de Ibiza.

Víctor Malagón08/04/24 0:30

Ni en plena pandemia hubo menos desahucios. Las reformas legales puestas en marcha en los últimos años han dejado en mínimos históricos las situaciones de desalojos de viviendas, ya sean por impagos de alquileres, por ejecuciones hipotecarias o por residir en precario. De hecho, por primera vez desde que el Consejo General del Poder Judicial recoge los datos (2009), el año pasado fue el primero en el que fueron menos de mil los practicados en las Islas y la cifra total se quedó en 880, un 27 por ciento menos de la cifra de 2022, cuando habían sido 1.209 y por debajo de forma significativa de la cifra de 2020, cuando la pandemia bloqueó durante meses los desalojos. Ese año habían sido 1.109.

El descenso se produce en todos, en los relacionados con hipotecas y en los que tienen que ver con alquileres.

Pese a la subida de precios de los segundos y al incrementos de las cuotas hipotecarias por el Euribor, la bajada es constante en los últimos años. Es cierto que las entidades bancarias mantienen en mínimos sus niveles de morosidad y, en la misma línea bajan las ejecuciones hipotecarias que se presentaron en los juzgados: de 410 en el 2022 a 303 en 2023. Las que se llevaron a cabo por ese concepto fueron finalmente 93.

El grueso de las que se llevan a cabo tienen que ver con la Ley de Arrendamientos Urbanos, casi ocho veces más que las que provocan las entidades bancarias y que fueron 747. En estas se notan más las medidas legislativas que pasan, fundamentalmente por la posibilidad de que haya una declaración de vulnerabilidad y la intervención en esos caso de los servicios sociales, que están provocando un cierto tapón en los juzgados a la hora de ejecutar los desahucios.

Con todo, el descenso es paulatino y constante desde hace una década, cuando se alcanzaron los máximos históricos al hilo del colapso económico de 2008 y que se tradujo en un pico de los desahucios unos años después. El máximo ocurrió en 2014. Solo en el partido judicial de Palma ese año fueron 1.338 las familias que perdieron sus viviendas, 383 por dejar de pagar cuotas a alguna entidad bancaria.

El año pasado en Palma y sus municipios limítrofes, el total fue de 390 y los que tuvieron que ver con hipotecas apenas fueron 46. Otras 18 correspondieron a okupas, una cifra que también se ha reducido en los últimos años.

Los únicos en los que se produce un incremento, sin embargo, es en los procedimientos verbales por ocupación de viviendas, que crecieron el año pasado un 8,3 por ciento hasta los 118 aunque de esa cifra quedan fuera todas las personas jurídicas y quienes acuden a la vía penal para intentar desalojar usurpadores.