Los terrenos de La Muleta II, marcados con un recuadro.

Los terrenos de La Muleta II, marcados con un recuadro.

Víctor MalagónIbiza 06/03/24 16:58
TW12

El Tribunal Supremo confirma que el Govern tendrá que pagar 96 millones de euros a la empresa Birdie Son Vida S.L., propiedad del empresario Matthias Kühn. La sentencia desestima el recurso interpuesto por la administración autonómica por la operación en torno a la urbanización de Sa Muleta II en Sóller. El TSJIB impuso la compensación al entender que se había incumplido un acuerdo que alcanzó el Govern con la empresa en el año 2013, durante la administración de José Ramón Bauzà. Junto a la indemnización de Punta Pedrera en Ibiza, 86 millones de euros, y la de Cesgarden en Menorca, 28,8 millones, es una de las más altas jamás impuestas en la historia urbanística balear.

El conflicto con la Muleta II se remonta a hace cerca de 14 años. En esos terrenos de Sóller el promotor germano pretendía construir una urbanización de lujo. Sin embargo, los terrenos fueron desclasificados por la administración en 2008 y convertidos en rústicos, lo que dio lugar al inicio del procedimiento contencioso. En 2013, Govern y empresa alcanzaron un acuerdo que cerró esa parte del proceso judicial. Otro cambio legislativo volvía a permitir la edificación en la zona y, por lo tanto, el juicio había perdido su objeto. Sin embargo hubo un nuevo capítulo: el Ajuntament de Sóller rechazó volver a permitir la edificación y no llevó a cabo un cambio en el planeamiento. Esa decisión fue otra vez recurrida y se dio la razón al consistorio en los tribunales por su autonomía en materia urbanística. En otro giro más, otro cambio en la administración autonómica llevó a que, en 2016, el Govern suspendiera la normativa que hubiera permitido su recalificación como suelo urbano y en 2017 los terrenos volvieron a ser rústicos.

Como el suelo no volvió a ser urbanizable, el acuerdo que habían alcanzado Govern y Kühn en 2013 no se cumplió. Birdie Son Vida inició un nuevo procedimiento judicial por imposibilidad de ejecución de una resolución judicial y el TSJIB resolvió en el año 2022 que procedía por lo tanto el pago de una indemnización ante la imposibilidad de desarrollar la obra. El Supremo avala esa postura y rechaza que sea necesario abrir un nuevo procedimiento desde cero, como reclamaba la Abogacía de la Comunitat. Así, Baleares tiene un plazo de dos meses, según la sentencia para abonar 63,5 millones de euros como reclamación principal más otros treinta como intereses desde que se interpuso la demanda.