La Asociación de Constructores de Baleares ha pedido al Govern que autorice y regule por ley las entidades de colaboración urbanística (ECUS) para agilizar la tramitación de las licencias municipales para construir viviendas.
Así lo han explicado este viernes, tras reunirse con la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en Consolat de Mar, la directora general de la Asociación, Sandra Verger, y el vicepresidente, Climent Olives. También han acudido al encuentro la presidenta de la Asociación, Francisca Alba, y el también vicepresidente, Bernat Llull.
En este sentido, Verger ha detallado que, en concreto, han solicitado que se autorice y se regulen por ley estas entidades para agilizar los plazos de tramitación de licencia. "Es un punto muy importante que se pueda dar autorización a estas oficinas externalizadas", ha insistido.
Asimismo, la Asociación ha solicitado al Ejecutivo autonómico que, en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración, incorporen ya la revisión de precios para evitar más obras desiertas.
Al respecto, la directora general ha recordado que el año pasado se cerraron 91 obras desiertas con un importe de inversión de 69 millones de euros, lo que "denota que tiene que haber un cambio en la contratación pública".
Además, ha advertido que en la actualidad se viven "momentos de bastante conflicto" que en cualquier momento puede impactar en los precios, por lo que también han reclamado que se incremente al 17 por ciento el margen de gastos generales de las empresas.
Por otro lado, el vicepresidente ha explicado, en declaraciones a los medios tras la reunión con Prohens, que entre sus reivindicaciones al Ejecutivo balear se encuentra también "mirar la recalificación de suelo", ya que "hay poco vacante para hacer vivienda asequible".
Asimismo, ha dicho estar "extrañado" por el hecho de que algunos ayuntamientos de Baleares hayan renunciado o rechazado el decreto de emergencia habitacional, que contiene, entre otras medidas, la reconversión de locales comerciales en vivienda.
PROFESIONALES Y ACTIVIDAD DEL SECTOR
Preguntados por una posible falta de personal en el sector, desde la Asociación han resaltado los esfuerzos realizados a través de la Fundación Laboral para incorporar a jóvenes en el grado medio de Construcción y en cursos de certificación de profesionalidad "para poder incorporar a gente lo antes posible".
Así, han reconocido que "hay un punto en el sistema que no funciona correctamente", poniendo de ejemplo que en Construcción hay 3.600 personas inscritas como demandantes de empleo "cuando las empresas están realmente desesperadas para encontrar a gente".
Para finalizar, interrogados por una presumible caída en la actividad del sector este año, la Asociación ha reconocido que las cifras "se están desinflando un poco" pero no creen que sea "una cosa alarmante". "En nuestro sector siempre hay fluctuaciones, pero no es significativa", ha concluido el vicepresidente.
"ALTO PORCENTAJE DE OBRAS DESIERTAS"
La Asociación, en un comunicado posterior a la reunión, ha detallado que, en lo que respeta a la licitación de la Comunidad correspondiente al Govern, quedaron 21 obras desiertas por valor de 37 millones.
Esto supone el 54 por ciento del total de la inversión que ha quedado desierta y un "enorme perjuicio" para el ciudadano, porque "proyectos necesarios como centros docentes o sanitarios sufren retrasos innecesarios".
"Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos como exige la ley y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de nuestro territorio", han enfatizado desde la Asociación.
Por organismos, han concretado que al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), de 25 obras publicadas, nueve le quedaron desiertas; al Instituto Balear de la Vivienda, de diez obras, tres resultaron desiertas; al Servicio de Salud Balear, de 14 obras, dos quedaron desiertas, y a Ports IB, de cinco obras, tres quedaron desiertas.
Para evitar estos escenarios, los constructores han insistido en su reclamación al Govern para que se comprometa a aplicar en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración una cláusula de revisión de precios por defecto.
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