Según el escrito del fiscal, el procesado convivía desde 2014 y hasta agosto de 2020 con sus tres hijos, menores de edad, en un domicilio de Ecuador, siendo todos ellos de nacionalidad española.
En fecha indeterminada, pero en todo caso en torno al mes de mayo de 2015, cuando una de las niñas tenía diez años, mientras estaban en el domicilio el acusado propuso a su hija que durmiera con él. Estando los dos en la cama, cuando la menor empezaba a dormirse, el padre le realizó tocamientos.
Tras ello, la víctima se levantó asustada de la cama y su padre le pidió que volviera a dormir con él, indicándole que no contara nada de lo sucedido o volvería a pasar.
Asimismo, cuando otro de sus hijos tenía siete u ocho años, el procesado le puso un vídeo en el que se veía a dos mujeres desnudándose y manteniendo relaciones sexuales. De nuevo, le dijo al menor que no contara nada.
Según el fiscal, durante el tiempo que duró la convivencia del hombre con sus tres hijos menores de edad en Ecuador, el mismo les vino sometiendo a un trato gravemente humillante y vejatorio, consistente en insultos e incluso agresiones físicas como manotazos en la cabeza, golpes en la espalda, empujones o patadas.
Las dos víctimas menores fueron derivadas a la Utasi para tratamiento psicológico especializado por presentar secuelas de abuso sexual a consecuencia de estos hechos.
La madre interpuso denuncia por lo ocurrido el 8 de agosto de 2020 pero las diligencias se archivaron provisionalmente por falta de requisitos formales. En septiembre del mismo año, Fiscalía interpuso querella, dando lugar a la reapertura de las actuaciones.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Inca acordó la medida de prohibición de comunicación o aproximación del padre hacia una de sus hijas, y se dictaron medidas de atribución de guarda y custodia a la madre de los tres menores.
Los hechos, según la acusación, son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, de otro de exhibición de material pornográfico a menor de edad y de un delito de maltrato habitual.
Por todos ellos, el Ministerio Público pide penas que suman diez años de prisión, la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años, la privación de la patria potestad, la inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante cinco años y órdenes de alejamiento por un tiempo superior a tres años de la pena que se imponga, si así procede.
Además, en concepto de responsabilidad civil interesa que indemnice a las víctimas en la cantidad total de 15.000 euros.
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