El Govern inspeccionará el etiquetado del origen de frutas y verduras

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, las inspectoras de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local iniciarán en los próximos días una campaña de control del cumplimiento de las normas de comercialización de frutas y hortalizas en el comercio minorista de Baleares.

Cabe recordar que la venta de productos hortofrutícolas en estado fresco debe ajustarse a lo que prevé la norma de comercialización de cada producto. En el caso de frutas y hortalizas que no tienen una norma específica, los productos deben ajustarse a la norma de comercialización general establecida en el anexo 1, parte A, del Reglamento de ejecución (UE) 543/2011. Estas normas son de obligado cumplimiento en todas sus fases de comercialización.

Además, las frutas y hortalizas que se comercializan al consumidor final o colectividades, también deben ajustar su etiquetado a lo previsto en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y al Real Decreto 126 /2015, que aprueba la norma general de los alimentos que se presentan sin envasar al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en el puesto de venta a petición del comprador, y de los que envasan los titulares del comercio al por menor. También es de aplicación la normativa referente al uso de menciones protegidas por DOP o IGP, así como las menciones referentes a los productos que provienen de la agricultura ecológica.

En este sentido, y en palabras del director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés, «para proteger los intereses legítimos de los productores y evitar la competencia desleal, se inicia esta campaña de control; un control que consiste en una inspección visual de los productos, para comprobar si cumplen los requisitos mínimos de comercialización, así como un estudio del etiquetado o marcaje de los productos a fin de comprobar que se incluyen todas las menciones obligatorias, con especial atención al origen de los mismos».

Cabe recordar que los incumplimientos detectados pueden suponer sanciones administrativas. En el caso del comercio minorista, hasta 3.000 euros; en el caso de los distribuidores, hasta 15.000 euros o cinco veces el valor del producto; y en el caso de que el hecho repercuta a terceras personas a las que le suministran el producto, hasta 600.000 euros.

En 2022 se realizaron 32 inspecciones en el sector hortofrutícola y se detectaron 69 presuntas infracciones, que derivaron en siete expedientes sancionadores. Para este año 2023, se ha previsto superar las 40 inspecciones.