A juicio una trama que realizó 54 contratos falsos para cobrar el paro

Según la calificación de la Fiscalía, el grupo funcionó entre 2010 y 2013. El administrador de la empresa y el encargado del bar son señalados como los principales responsables de la trama. Ambos pusieron en marcha una sociedad, Mano de Fátima 2010 S.L. que, en realidad, apenas tenía actividad. Tenía dos objetos sociales: inmobiliaria y comercio de bebidas. Lo primero no generó actividad alguna y, de lo segundo, según la acusación, solo existía una actividad parcial. Con esa estructura, el negocio real era cobrar a personas con pocos recursos, ya fueran ciudadanos españoles o inmigrantes, a cambio de altas en la Seguridad Social. Los trabajadores con contratos falsos nunca desempeñaron una función real ni percibieron salario alguno. Sin embargo, unas semanas de alta les abrían la puerta a prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), también personado en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado.

De los 54 contratos falsos llevados a cabo por la red se sentarán en el banquillo un número limitado de acusados: los ocho que aún no han devuelto las prestaciones que recibieron de forma indebida. En la mayor parte de los casos se trata de cantidades recibidas por subsidio de desempleo: entre 3.000 y 7.000 euros por cada uno de los acusados. Una de las mujeres que también estuvo de alta poco más de mes dio a luz en ese periodo y accedió a una prestación por maternidad, por la que percibió 4.600 euros. Otros accedieron también a cobros por incapacidad temporal y, en la mayoría de los casos, el alta en la empresa fue utilizado para pedir permisos de residencia o prolongarlos. El resto de personas que percibieron prestaciones gracias a las falsas contrataciones o bien han devuelto los fondos, o bien se encuentran en busca y captura.

Seguridad Social

Durante los años en los que estuvo en funcionamiento la empresa nunca presentó cuentas ni abonó cuotas a la Seguridad Social. Por ahí afloró un fraude de alrededor de 200.000 euros entre las dos actividades que llevaba a cabo. Una vez descubierto que la las altas, en realidad, eran ficticias, se anularon y no se reclama por tal deuda. La inspección de trabajo y la Policía Nacional terminaron por destapar el fraude que fue denunciado ante los juzgados en 2015.

Además de los dos responsables principales, ambos acusados de un delito de falsedad documental, también están acusados los empleados de una gestoría, que eran los encargados de llevar a cabo el papeleo. Además de la Fiscalía, también han formulado acusación el SEPE, que incluye en su escrito a una veintena de personas al ampliar el número de beneficiarios de la trama. También está personada la Seguridad Social. Estas dos acusaciones públicas consideran que lo ocurrido un delito de estafa, además de falsedad y piden penas más duras.