Los despidos por no superar el periodo de prueba se disparan en Baleares tras la reforma laboral

Las principales organizaciones sindicales de las Islas están investigando posibles abusos de las bajas tras el periodo de prueba, especialmente en el sector de la hostelería. UGT, concretamente, mantiene actualmente bajo la lupa determinadas prácticas contractuales de algunas cadenas hoteleras durante la temporada pasada, unos hechos que parecen estar repitiéndose en este nuevo arranque de temporada.

Para el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), José García Relucio, se trata de un «fraude» que debe ser perseguido y castigado por la ley: empalmar contratos de prueba de fijos discontinuos de mes y medio que luego se extinguen sin que la empresa tenga que afrontar más indemnizaciones que el finiquito. «Con el handicap añadido para muchas personas que se quedan sin trabajo a mitad de temporada, lo que les dificulta más el poder encontrar otra cosa», se queja Relucio.

Se trata de una práctica que, de sistematizarse, puede comportar sanciones para la empresa, tal y como establece la jurisprudencia actual a través de distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por lo que no supone una barra libre para ir renovando periódicamente el personal a bajo coste.

Según los datos de la Seguridad Social, en 2019 se produjeron 675.555 bajas a nivel estatal por no superar el periodo de prueba. Tras una reducción en 2020 y 2021 -con el mercado laboral resentido por la pandemia-, la cifra se incrementó un 32 % en 2022, alcanzando los 893.752 casos. En los dos primeros meses de 2023 se ha producido una subida del 37 % con respecto al mismo periodo del año pasado: 127.546 despidos en solo enero y febrero.

Aunque se trata de un fenómenos multifactorial, los sindicatos sospechan que algunas empresas están echando mano de la figura del periodo de prueba tras ver limitado el abanico de posibilidades contractuales de antes de la reforma laboral. El panorama de la contratación, en ese sentido, ha cambiado radicalmente en las Islas: la tasa de temporalidad cayó al 11 % en 2022 -la más baja de España- y el pasado marzo el 75 % de las contrataciones fueron indefinidas (la media nacional se situó en el 47 %).

Silvia Montejano, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO-Balears, señala que existen dos casuísticas para explicar este fenómeno. «Está primero el caso de empresas que están usando el periodo de prueba para ir cubriendo sus necesidades de cada momento, y después están las que, con la obligación de hacer indefinidos a los fijos discontinuos tras la reforma laboral, han optado por extinguir esos contratos tras mes y medio antes que perpetuarlos». Al hilo de este último ejemplo, afirma Montejano que este año «se está viendo un número muy elevado de no llamamientos» a trabajadores que venían desempeñando labores de fijos discontinuos en temporadas anteriores.

Asimismo, indica que los abusos del periodo de prueba se estarían dando mayoritariamente en empresas pequeñas y medianas sin representación sindical, con los efectos contraproducentes, señala, que esta práctica tiene para la propia empresa. «Al final todas estas triquiñuelas para ahorrar costes no son lo más adecuado para generar unas buenas condiciones de trabajo y un buen servicio al cliente».

Se da además la circunstancia de que UGT-Balears ya alertó recientemente que están detectando un aumento inusual de despidos de trabajadores fijos discontinuos a nivel general. El propio Relucio señaló que «estamos todavía cuantificándolo pero vemos que de momento más o menos se están duplicando los despidos de hace un año». En ese sentido, el portavoz sindical mostró su extrañeza, ya que «no se entiende que haya esta cantidad de despidos si tanta falta hacen más trabajadores».