En el escrito de denuncia se apunta que «en el caso de la Consellería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, solo se solicita al personal que se quiera presentar al concurso estar en posesión de la ESO, tener conocimientos acreditables de catalán y carnet de conducir», pero en ningún momento se les exige disponer de la acreditación obligatoria por ley de la titulación de vigilante de seguridad expedida por la Dirección General de la Policía. Según la Ley de Seguridad Privada, tipifica como infracción muy grave «la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente». En el artículo 61 de la citada Ley también se recoge que «se establecen sanciones para las empresas como para el personal que no esté acreditado».
Los denunciantes explican que el Govern está usurpando funciones que no les corresponden. «Una Administración no puede contratar a su libre albedrío y publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad una oferta de concurso público donde en la resolución provisional se les ofrece la plaza de vigilante sin ser vigilante. Además, también están usurpando funciones de control de central de alarmas y otros servicios de forma totalmente irregulares», señalan desde la asociación. Ante estos hechos, los representes de las empresas de seguridad solicitan «que las plazas concedidas provisionalmente sean declinadas dado que no solo se comete una infracción muy grave como Administración Pública al no ser una empresa de seguridad habilitada por el Ministerio del Interior para contratar servicios de vigilancia si no, que pone al personal a expensas de la unidad competente de Seguridad Privada lo pueda inhabilitar para trabajar en un futuro de vigilante, además de afrontar una multa económica por intrusismo. Para que la gente nos entienda. Es como hacer una convocatoria de médicos y no pedir que los interesados tengan el título de medicina», concluyen.
El Govern balear explicó que ayer mismo tuvo conocimiento informalmente de esta denuncia y que están esperando que la Policía Nacional les solicite alegaciones para poder realizarlas. Las mismas fuentes oficiales explicaron que, bajo su punto de vista, no están usurpando funciones de vigilantes. «Se trata de plazas provisionales de RPL (Relación de Puesto Laboral) de la comunidad que harán trabajos de control de acceso, coordinación con las empresas de seguridad y autoprotección de infraestructuras críticas. Nunca de vigilantes de seguridad», concluyen.
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