Según fuentes del Ministerio de Defensa, el pliego de condiciones firmado ese día por la consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, en presencia de Mir y de comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, «supone tan solo una renovación del acuerdo firmado en 2002, cuya vigencia expiró en 2022, pero actualizando el instrumento legal necesario».
La ley que regula las cesiones entre administraciones, explican las mismas fuentes, obliga a que ahora éstas se realicen en vez de mediante un acuerdo a través de una cesión demanial, que requiere una resolución y un pliego de condiciones, que fue lo que se firmó.
«Por tanto, nada ha cambiando con respecto a lo que había, el Govern no asume la soberanía plena ni ninguna propiedad, sino que puede seguir haciendo uso de parte de las instalaciones de Cabrera, pero, como antes, siempre que vaya a realizar alguna modificación o cambio de uso en ellas deberá solicitar la autorización del Ministerio de Defensa».
De esta forma, el Ministerio niega las declaraciones que hizo este viernes el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, que aseguró que «tras la ampliación del parque nacional y conseguir la gestión de la misma a través de un contencioso con el Estado, ahora hemos logrado la soberanía de uso, como si fuera la propiedad de facto de Cabrera. Hasta ahora, mediante un convenio que llegó a caducar, siempre teníamos que pedir aval, permiso o autorización a Defensa para realizar cualquier actuación en Cabrera. Ahora ya no será necesario».
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