Un juzgado de lo Social de Palma ha condenado a la Autoritat Portuària de Balears (APB) por discriminar y aplicar represalias durante cerca de una década a una trabajadora a la que llegó a despedir cuando estaba embarazada. La resolución judicial considera de una «especial gravedad» esta conducta por parte de una administración pública:declara nulo el despido, obliga a indemnizar a la empleada con 50.000 euros por daños morales y casi 200.000 euros más por los salarios de tramitación que dejó de percibir.
Condena a la APB por discriminar y represaliar a una embarazada
El juzgado impone a la Administración el pago de casi 250.000 euros de indemnización
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