Instalaciones de una escoleta municipal de Ibiza. | Marcelo Sastre

La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ha convocado una reunión urgente el próximo martes 30 de agosto (a petición de las patronales de la escuela infantil de 0 a 3 años) para evaluar la viabilidad de que desde el 1 de septiembre las familias de alumnos de 2 a 3 años puedan dejar de pagar por asistir a clase.

La negativa de las escoletes de Ibiza a firmar el convenio con el Govern ha hecho saltar todas las alarmas. La Asociación de Centros de Educación Infantil (CEI) avisa de que ninguna de sus peticiones (realizadas en las reuniones telemáticas previas a la aprobación del decreto) han sido tenidas en cuenta y que los 45.000 euros previstos por aula «no alcanzarían a cubrir siquiera los gastos generados, lo que abocaría a la quiebra y al cierre de sus negocios».

La situación que se vive en Mallorca no es muy diferente. Los alcaldes del PP fueron los primeros en manifestar su enfado, pero las críticas no se ciñen solo a los ‘populares'. El alcalde de Deià y coordinador de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha sido una de las voces más tajantes. Acusa a la presidenta Armengol de «vender que la escolarización de 2 a 3 años sería gratis desde el 1 de septiembre cuando no es de su competencia».

Igual que ha hecho CEI, los alcaldes avisan de que las ayudas (de 45.000 euros por aula o 2.500 euros por niño) no llegan para cubrir el gasto del servicio que históricamente ya afrontaban los municipios en un alto porcentaje.

«Nos encontramos además con una doble problemática, de una parte garantizar la enseñanza gratuita de 2 a 3 años en las escuelas públicas y de otra proteger la red económica y social que representan para nuestros municipios las escoletes privadas, formadas mayoritariamente por pequeños autónomos, generalmente mujeres», dice el presidente de la FELIB, Toni Salas.    En Mallorca existen dos grandes patronales de la educación infantil privada: Escuela Católica de les Illes Balears (ECIB) integrada en la CAEB y la Federación de Escuelas Infantiles de PIMEM Baleares ECIB ya denunció la semana pasada el «oscurantismo e improvisación» del Govern y anunció un posible recurso. La Federación de Escuelas Infantiles comparte sus críticas y también estudia impugnar.

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Educació

Desde la conselleria de Educació contestaron a la nota de la Asociación CEI recordando que la propuesta de la Consellería de Educación y Formación Profesional para la gratuidad 2-3 años en las Islas Baleares es de 250 euros al mes por alumno durante 10 meses, de forma que se cubren 4 horas de clase, «que se considera su horario lectivo».

Esto supondría que los centros que firmen en convenio de gratuidad, dejan de cobrar 250 euros mensualmente a cada familia, correspondientes a estas 4 horas, y las cobrarán del Govern, lo que implica los 45.000 euros en el año por aula.

«Si hay escoletes de Ibiza que hacen una hora más, supone que los padres en lugar de pagar las 320 euros que afirman en estas escoletes que pagaban ahora, pagarán 70 y las escoletes seguirán recibiendo 320 euros por 5 horas», apuntaron. «Las horas extraescolares, las que sobrepasan las 4 horas lectivas, se cobran a las familias así como los servicios de comedor o de escola matinera, como se hace así en el resto de niveles educativos» abundaron en este tema.

En cuanto a la pérdida de las ayudas al sostenimiento, indicaron que efectivamente se dejan de percibir en la franja de 2-3 años, pero recordaron que «en las aulas de 0 a 2 años, no incluidas a la gratuidad y que hasta ahora también recibían 2.000 euros anuales de sostenimiento por aula, incrementarán la dotación en virtud del convenio, pasando de los 2.000 euros anuales que cobraban ahora hasta 5.000 euros», con lo que percibirían 4.000 euros más de sostenimiento que ahora.

En cuanto al pago de las cantidades por anticipado de manera trimestral, apuntaron que este tema todavía está en proceso de negociación y que incluso la conselleria se estaría planteando «mejorarlo» mediante el abono mensual de las cantidades adeudadas.

Recordaron que no firmar el convenio implica dejar de formar parte de la red complementaria y, por lo tanto, dejar de recibir los módulos.