Auditoría pura y dura. El documento que el Govern balear ha entregado esta semana a los diferentes grupos parlamentarios detallando los pormenores de la mayor campaña de vacunación de la historia en Baleares ha eludido el principal cometido por el que se pidió: explicar o justificar las dosis que recibieron varios altos cargos en su día de inicio. Y es que si bien que ésa no es una característica de una auditoría, fue la condición que los socios del Govern le pusieron a Salut para zanjar la polémica cuando surgió a principios del año pasado y evitar así una comisión de investigación en el Parlament. Por entonces se acordó otro tipo de comisión, una ética, y una auditoría de la campaña una vez que hubiera terminado.
Aunque a principios de este año Salut daba por informados a los grupos, facilitando toda la documentación a la Oficina de Anticorrupción, estos le reprocharon que no se hiciera una auditoría en toda regla. Fue la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien defendió en abril que se habían dado todas las explicaciones pertinentes, alegando que no rehuían las polémicas y antes del 1 de julio, dijo, habría auditoría. Llega con algo de retraso pero ha llegado. Son 132 páginas detallando por fechas, dosis y estrategias todas las actuaciones realizadas en el marco de la vacunación contra la COVID. Y no son pocas. En las conclusiones se defiende el trabajo hecho: «es un proceso que ha seguido una estrategia eficaz, altamente coordinada (…) que ha cumplido con las indicaciones y protocolos consensuados». Baleares aprueba con nota el proceso de vacunación con más del 87 % de la población protegida con dos dosis, pese a ir a la cola, a nivel nacional, en casi todas las franjas de edad. Se ha hecho en un tiempo récord, con agilidad y buenos resultados. Además, el único gran fallo achacable a la gestión autonómica: que hubiera cargos que se saltaran el turno, se ha resuelto sin grandes consecuencias.
La auditoría, de hecho, no menciona a los protagonistas de la crisis política. También obvía que el responsable de la campaña, Carlos Villafáfila, vacunado el primer día, fue cesado en plena polémica, por encontrarse de baja, según el Govern. La directora asistencial del IB-Salut, Eugenia Carandell, tomó las riendas en ese momento y es, en gran parte, responsable del éxito del suministro de la vacuna en Balears. De hecho ha recibido menciones y galardones por ello. Lo que sí explica el documento son las vicisitudes que se pasaron desde meses antes de que llegaran las primeras dosis. Un momento clave es la creación de la aplicación NebulaHealth (diciembre de 2020) capaz de extraer los datos personales de usuarios y trabajadores de cada residencia. Con ella se elaboraban los listados que servían para que los responsables hicieran una previsión de dosis.
Ahora se sabe que el famoso 27 de diciembre los listados no cuadraron con el personal que había en la residencia Oms/Sant Miquel, por lo que las autoridades presentes ese domingo se pusieron la vacuna COVID el primer día. Alegaron que si no, se perdían los viales ya abiertos. Pero eso no lo menciona el documento presentado esta semana a los grupos parlamentarios. Ante ellos, Salut defendió anteriormente que todos los vacunados de más entraban en el grupo 1 de la Estrategia, es decir, eran internos o personal sanitario y sociosanitario de residencias de ancianos. Frente a esto, tampoco se especifica si estaban en los listados extraídos por la aplicación.
No fue hasta 15 días después, cuando se empezó a vacunar a los sanitarios que trabajaban en primera línea. Al principio se les citaban por SMS, después se fue llamando a la gente por teléfono y en abril se estrenó BitCita. Por entonces ya había 40 líneas de vacunación abiertas en las Islas. El 8 de marzo se puso en marcha el vacunódromo más popular, Germans Escalas. Fue el mismo día en que muchos países de la Unión Europea dejaron de suministrar el suero de AstraZeneca. En España se suspendió del 16 al 22 de abril. Mayo fue el mes, así lo recoge el documento, de la llegada masiva de sueros y cuando la campaña pisó el acelerador. La auditoría ya recoge que la necesidad de personal sanitario sería una constante mientras hubiera alerta sanitaria. En el máximo esplendor de la campaña llegaron a habilitarse 119 líneas.
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