El socialista Josep María Costa imputado en el ‘caso Puertos'

    En un auto, la magistrada sostiene la existencia de indicios de que los investigados manipularon el concurso para adjudicar este puerto con la intención de beneficiar al Club Náutico Ibiza, que lo explotaba desde 1924. Señala que, a falta de averiguar el móvil de esta actuación, existió un acuerdo entre la cúpula de la APB y los responsables de la entidad para asegurar que conservaba la explotación y excluir a otros competidores. Así, se apoya en la existencia de las sentencias del TSJIB y del Supremo que ya declararon nulo este procedimiento y llegaron a hablar de «temeridad» en la actuación del organismo público.

Según la magistrada, a partir del año 2015 se puso en marcha la estrategia para intentar adjudicar de forma directa la explotación al Club Náutico. Sin embargo, apareció otro competidor, Club 12 Millas. Para intentar excluirlo, el auto sostiene que se entabló una negociación en la que, apunta, se ofreció alguna recompensa a esta entidad para que se apartara del procedimiento. También indaga si esta misma sociedad solicitó dinero o alguna recompensa «directa o indirecta» a la Autoridad Portuaria a cambio de allanar el camino y apartarse.

El escrito señala que, según los indicios, Gual de Torrella y sus subordinados impulsaron la estrategia e imponían acuerdos que el Consejo de Administración solo respaldaba de manera «formal». También incide en los desacuerdos por parte del consejero que representaba al Estado y del abogado del Estado que era vocal que terminaron por abandonar el órgano. Señala además que se investiga si se eligieron a técnicos afines para calificar las ofertas y plantea que debe esclarecerse el papel de estos profesionales en la adjudicación.

La magistrada cita a declarar a los diez imputados en esta pieza separada del caso y a cuatro testigos.

El apunte

Dos años de investigación

Víctor Malagón

Esta es la segunda pieza del ‘caso Puertos’ de la que la magistrada Martina Mora levanta el secreto. El caso se investiga desde hace dos años y, de momento, ha dado traslado a las partes de la que afecta a Maó y de la del Náutico de Ibiza. Ambas siguen un esquema muy similar. Según la magistrada, los indicios apuntan a que la cúpula de la Autoritat Portuària manipuló ambos concursos para que ganaran grupos ya asentados en ambas islas. En el caso de Maó hablaba de presiones políticas. Ahora no aclara el posible móvil.