La consellera de Presidència del Ejecutivo autonómico, Mercedes Garrido, explicó que el propietario de la vivienda debe vigilar qué se hace en su casa y no puede desentenderse de lo que suceda. La norma establece, además, la posibilidad de establecer sanciones coercitivas mientras el denunciado no cumpla con las exigencias de la Administración, de la misma manera que se sanciona a una persona que hace obras ilegales y que debe pagar multas mientras no repare lo hecho sin permiso.
Responsabilidad
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, uno de los impulsores de esta medida, señala que los propietarios de las viviendas donde se celebran estas fiestas ilegales no pueden desentenderse de lo que suceda en ellas. El decreto ley establece sanciones de entre 150.000 y 300.000 euros para el propietario, pero a estas sanciones se suma la eliminación de la licencia turística como medida cautelar. Marí recuerda que, en una de estas fiestas ilegales celebradas el año pasado en la Isla, llegó a haber un tiroteo que dejó malherido a un ciudadano italiano.
La consellera de Presidència insistió en que las sanciones irán contra quien organiza las fiestas pirata, pero también contra quien las publicita, realiza cualquier tipo de actividad, como por ejemplo, actuar como DJ, o asiste a la celebración pirata. Hay una gradación de multas que va de los 300 euros para los asistentes a los 300.000 para los organizadores y propietarios. Tanto el Govern balear como el Consell insisten en que los dueños de las viviendas que se alquilan deben controlar a qué actividades se dedica su negocio. En el expediente se tendrá en cuenta la voluntad de colaboración de los propietarios, como por ejemplo, avisar a las autoridades en el caso de que descubran que se está realizando una actividad ilegal. Las dos administraciones confían en que la dureza de las sanciones ayude a frenar estas fiestas pirata.
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