Las empresas del Archipiélago cerraron 2021 con una facturación que representaba solo el 30 % del volumen de 2019, es decir, una caída del 70 %. El turismo logró un significativo principio de recuperación el año pasado que permitió restañar heridas, pero esos frutos no han llegado todavía a las agencias de viajes, un segmento intermedio que se ha quedado rezagado en la carrera por escapar de la crisis. Las subidas y bajadas de la actividad fueron una constante el año pasado, una montaña rusa por culpa de los rebrotes y la aparición de nuevas cepas. A ello hubo que sumar que las reservas, para destinos principalmente de proximidad, se decantaron por los portales on line. Mientras, las agencias tuvieron que seguir pagando el coste de las cancelaciones y asumiendo en muchos casos la parte de aerolíneas y alojamientos. Cerca de un 15 % se vio abocado al cierre.
Esta bajada de la facturación se vio además acompañada de un aumento de las tareas de servicios de atención y asesoramiento al cliente: los sucesivos cambios en normativas, restricciones de fronteras y protocolos sanitarios obligaron a una actualización constante de la información, a lo que hay que añadir la carga extra de trabajo al tramitar las intermitentes cascadas de cancelaciones y los correspondientes reembolsos. Como intermediarios, se quedaron en medio del fuego cruzado entre proveedores y clientes. Y con la mayor parte de la factura.
«La situación nos ha obligado a hacer el triple de trabajo y un tercio de la caja». Francesc Mulet, presidente de la Asociación Balear de Agencias de Viajes (AVIBA), reconoce que mucha gente de su sector «ha quedado muy tocada» y que pese a las buenas perspectivas para 2022 es «implanteable» que las agencias de viajes lleguen a las cifras de 2019. «Llegar a un 60 % de la facturación que teníamos antes de la pandemia sería todo un éxito. Todos lo firmaríamos ahora mismo».
Por lo menos, parece que hay luz al final del túnel. Primero, porque el Gobierno, consciente de la situación, anunció ayer que planea un ERTE sectorial para mantener las agencias a flote (vía reforma laboral mediante). En segundo lugar, también se está gestando un cambio legislativo a instancias europeas para que cada parte asuma obligatoriamente su parte alícuota en las cancelaciones, liberando con ello los hombros de las agencias de un peso que era a todas luces desproporcionado.
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