El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en la UIB. | M. À. Cañellas

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) es desde hace un año el secretario general de Facua, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores.

Con más consumo online, ¿más expuestos al fraude?

—Conforme más relaciones de consumo tenemos, de más fraude podemos ser víctimas. Compramos más que antes, compramos más por impulso que antes, es más fácil darle a un click que salir a la calle. No tienes que mirar, no tienes que coger un producto y hacer cola. No te da tiempo de tomar la decisión de arrepentirte.

¿En qué medida han cambiado los hábitos de consumo?


—La gente que tiene cierto nivel adquisitivo, que mide un poco menos las compras, e incluso quienes tienen un comportamiento más racional buscando el ahorro, acaban haciendo más adquisiciones, aunque sean de pequeña cuantía. Proporcionalmente eso va a provocar que al haber más relaciones de consumo, más posibilidades de sufrir un abuso haya. Tampoco sería correcto trasladar la idea de que el comercio online ha traído más abusos. No necesariamente, ya que el comercio online también está atrayendo a consumidores que pueden ser algo más críticos, más exigentes, que reclaman el derecho a devolver un producto en plazo sin no les gusta, obligatorio en el comercio online.

La protección de datos personales, ¿es una batalla perdida?


—Es importante que los consumidores tomen conciencia de la capacidad que tienen de provocar que empresas que cometen abusos en materia de protección de datos sean sancionadas. Deben empoderarse y presentar denuncias ante los organismos competentes, en caso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando un consumidor ve que sus datos son utilizados de forma ilícita debe siempre denunciar. Incluso tiene derecho a ir a los tribunales y pedir una indemnización por daño moral. Por ejemplo, en el habitual caso de la inclusión de consumidores en un registro de morosos. El problema es que mucha gente no tiene conocimiento de esa capacidad, de ese poder que en el fondo tenemos los consumidores para, primero, provocar castigos a empresas que defraudan y, segundo, incluso obtener indemnizaciones económicas por los perjuicios causados.

Con el comercio online, ¿reclamamos más?

—Sí. Pese a que nuestro entorno socioeconómico fomenta el hiperconsumo y también fomenta la pasividad del consumidor, que sea poco crítico, que no proteste mucho. Reclamamos más en los últimos tiempos porque intentamos, sobre todo organizaciones como Facua, que los consumidores estén atentos, conozcan sus derechos, saber que prácticas son fraudulentas, etc.

Los algoritmos detectan hasta nuestros deseos futuros, ¿es eso un abuso al consumidor?


—El gran peligro que tenemos en una sociedad donde nuestros datos forman parte del big data o en la que simplemente damos permiso a Google para que monitorice nuestros movimientos y sepa cuales son nuestras tendencias, provoca que nos muestren una publicidad en el lugar y momento oportuno con el objetivo de seducirnos a la compra. Es un peligro para el consumidor porque estamos controlados, no ya por personas, sino por máquinas que utilizan nuestros datos para que compremos más. Un control que fomenta compras impulsivas, mayor nivel de gasto y de endeudamiento.

Hablando de abusos, ¿qué margen tenemos los consumidores frente a la imparable escalada del precio de la electricidad y los carburantes?


—Son sectores donde no existe un mercado libre en competencia real. Nos vendieron hace décadas que liberalizando la electricidad y los carburantes de automoción, íbamos a tener empresas que se iban a pelear por darnos mejores precios, y era mentira. Hoy no podemos decir «no pasa nada, compara, comparando vas a encontrar un mejor precio». Es falso. Ni en gasolina, ni en electricidad vamos a encontrar un mejor precio comparando. El poder lo tienen las energéticas, cuando deberían tenerlos las administraciones, los gobiernos. Se podría volver a regular un sistema de fijación de precios máximos a los carburantes de automoción, como el que existía en España hasta el año 1998.