La nueva ley dedica un artículo específicamente a los derechos lingüísticos. La primera parte del redactado establece el derecho a ser atendido, «oralmente y por escrito», en la lengua oficial que escoja el consumidor. La segunda parte detalla que podrán recibir en catalán las ofertas, los presupuestos, las facturas, el resto de información contractual o las instrucciones de uso, por ejemplo, pero «sin perjuicio del respeto al pleno derecho de disponibilidad lingüística». Es decir, respetando la jerarquía que la Constitución, recoge acerca de las dos lenguas: el deber de conocer y el derecho a usar el castellano y el derecho a usar –pero no el deber de conocer– el catalán.
La Obra Cultural Balear celebró que la norma reserve un capítulo a los derechos lingüísticos pero estimó «insuficiente» su redactado y reclamó un mayor reconocimiento.
La OCB pretende que se recuperen las disposiciones de la ley de comercio de 2001, que derogó José Ramón Bauzá y que establecían que se debía garantizar la atención en catalán en los comercios con más de tres trabajadores.
La entidad advierte que la nueva ley solo recoge «una parte» de aquella regulación y reclama que se «clarifiquen» las condiciones en qué opera el derecho a ser atendido en catalán. También exige que se incluyan referencias a la señalización interna y externa, como en la ley de 2001, que se tipifiquen como graves las vulneraciones de los derechos lingüísticos, y reclama a los partidos del Pacte que cumplan con su compromiso de restituir la legislación lingüística que José Ramón Bauzá eliminó.
Ley de comercio
La Direcció General de Consum entiende que las peticiones de la OCB pertenecen al ámbito del comercio y no al de los consumidores. «Deberían introducirse en la ley de comercio». En este sentido, señala que la ley de comercio vigente, aprobada por el PP en 2014, se puede modificar. También aventura que los partidos de izquierda podrían introducir una disposición adicional durante la tramitación en el Parlament que modifique la de comercio.
El régimen lingüístico que recoge la ley de protección de los consumidores imita el de Catalunya y tiene el aval explícito del Tribunal Constitucional.
El producto local con DO, en catalán
El anteproyecto de la ley de protección de las personas comsumidoras y usuarias recoge asimismo la obligatoriedad de que los productos elaborados en las Illes Balears con denominación de origen geográfica o de calidad incorporen la información en catalán. Esta misma prerrogativa se extiende a los productos artesanales «que se produzcan o se comercialicen» en las Illes Balears. Respecto al régimen sancionador, la nueva norma establece como leves las vulneraciones de los derechos lingüísticos. Sin embargo, estas sanciones podrían pasar a ser graves en función de las circunstancias. Sobre esta cuestión, la OCB pide que todas sean consideradas graves, como en la ley de comercio de 2001.
2 comentarios
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¿ Otra vez de vueltas con el idioma ? Que pesaditos....
Ya volvemos a enredar con el idioma