Muchas de estas denuncias tiene que ver con no llevar mascarilla o llevarla mal colocada, con no respetar el toque de queda y estar en la calle pasada la hora límite y con fumar mientras se camina por la calle, que son las infracciones más habituales que han cometido los ciudadanos.
Estos incumplimientos llevan acarreada una multa que va de los 601 euros a los 3.000 en función de otros factores que valora la policía. Por este tipo de infracciones, la Conselleria de Presidència ha tramitado expedientes que suman 1.001.553 euros.
Los bares
A estas infracciones ciudadanas se suman las que han cometido empresas, básicamente establecimientos de hostelería, por incumplir las restricciones sanitarias que han impuesto las administraciones por la pandemia. Las sanciones son mucho más elevadas en este caso y pueden llegar a los 600.000 euros y al cierre del local, en caso de las infracciones muy graves.
En esta categoría están infracciones como no respetar el aforo o las distancias de seguridad, abrir el local en horario no permitir y organizar o comercializar fiesta ilegales. Por este segundo concepto, el Govern acumula propuestas de sanción que suman 2.982.791 euros.
Entre ambos, particulares y establecimientos, el Govern acumula 3.984.344 euros en expedientes sancionadores, de los que ha cobrado 144.208 euros, lo que representa apenas el 3,6 por ciento de la cantidad total.
En cualquier caso, desde la Conselleria de Presidencia aseguran que no se confíen quienes aún no han recibido la notificación con la propuesta de multa a pesar de que la policía les paró en su momento por algunos de estos incumplimientos: la sanción llegará tarde o temprano.
Muy garantista
Desde la Conselleria de Presidència, organismo que tramita las multas, explican que este bajísimo porcentaje de resolución se debe a que el procedimiento es muy garantista. Aseguran que el proceso es largo, pero el Govern insiste en que todas las multas se van a cobrar.
El proceso da la posibilidad de presentar alegaciones en diferentes momentos de la tramitación, tiene también trámite de audiencia y finalmente incluye la posibilidad de presentar un recurso administrativo, al que se suma la posibilidad de llegar a presentar incluso un recurso contencioso por la vía judicial al final de todo el procedimiento para intentar evitar el pago.
1 comentario
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Se supone que no se habrán tramitado o cobrado dependiendo de la legalidad de las mismas, porque a día de hoy si la denuncia es legal se notifica en persona o vía BOIB y se cobra inmediatamente o vía ejecutiva por hacienda. El Govern debería explicar donde está el problema y no escudarse en que el procedimiento es muy garantista ya que es igual de garantista que cualquier otro procedimiento y la única diferencia está en la legalidad o no de esas denuncias