En dos casos, según a detallado el IMAS, la resolución ya es firme y de hecho uno de los centros ya habría abonado la sanción correspondiente.
Además de los mencionados, hay otras tres propuestas de resolución que todavía no son firmes, en vía administrativa, sobre las que las empresas afectadas han presentado alegaciones.
Las sanciones que se han propuesto son por tres causas diferentes. Si bien la mayoría están relacionadas con deficiencias en la atención de los mayores, también se han puesto por incumplimientos de la autorización administrativa al tener más usuarios de los permitidos y por cuestiones de ratios y falta de personal.
Cabe recordar en este sentido que la pandemia ha puesto de relieve problemas ya preexistentes que los trabajadores de los centros privados residenciales llevan años denunciando. Los sindicatos convocaron movilizaciones, previas a la pandemia, por el incumplimiento de ratios de trabajadores por número de usuarios atendidos en algunas residencias.
Los cinco expedientes sancionadores se derivan de las investigaciones realizadas en las residencias intervenidas el año 2020 si bien todavía hay más procesos abiertos en 2021 de los que el IMAS no puede informar por estar en fase de instrucción.
Desde la administración del Consell destacan que las sanciones se refieren a las faltas graves o muy graves, ya que la mayoría de las deficiencias detectadas han sido leves y ya subsanadas por las empresas afectadas.
Durante la pandemia, y hasta el pasado mes de enero en que se avanzó en la vacunación de este colectivo, el Govern ha intervenido 13 residencias para personas mayores.
Si en la primera ola fueron Oasis y DomusVi Palma; durante la segunda ola se intervino Bell Entorn de Sóller, donde se ha detectado el brote con más afectación de las Islas con casi cien casos, Sèniors Inca (en dos ocasiones), DomusVi Can Carbonell, DomusVi Santanyí, la residencia del Hospital de Llevant, la residencia Reina Sofía de Eivissa; Es Ramal y Sant Lluís en Menorca, Sèniors Pollença, DomusVi Alcúdia y DomusVi Costa d'en Blanes.
Por último se intervinieron también tres residencias de personas con discapacidad, Amadiba 325, Sa Nova Residència del Patronat Joan XXIII (ubicada en Inca) y la de Vuit Vents (Aspace). Todas ellas fueron inspeccionadas por el IMAS aunque desde la institución aclaran que la intervención por motivos sanitarios no implica un expediente sancionar. El servicio tiene la función de asegurarse que se da el servicio como toca.
En las residencias de personas mayores de Balears han fallecido 259 personas durante la pandemia, el 33 % del total.
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