La medida entró en vigor el pasado 1 de enero, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que pretende evitar que se pueda utilizar la información relativa a la condición de residencia (que se tiene que acreditar para acceder al descuento del 75 %) para ofrecer tarifas diferenciadas al residente y al no residente, ayudando a prevenir el fraude y los comportamientos anómalos por parte de las empresas de transporte.
Las aerolíneas han dispuesto de un plazo de dos meses, hasta el pasado 28 de febrero, para realizar las adaptaciones pertinentes en sus sistemas de venta para ajustarse al nuevo procedimiento de compra.
En el primer día de cumplimiento de la nueva norma, 1 de marzo, la práctica totalidad de las compañías aéreas han incumplido la normativa, de ahí la queja de la organización de consumidores de Balears Consubal.
El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, reconoció que «se está incumpliendo la norma, pero las compañías nos han indicado que revisarán todos sus sistemas de reservas para cumplir la ley». El director general de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis, está en contacto continuo con las aerolíneas para subsanar todos los errores principalmente en Ryanair y Air Europa.
El conseller añadió que las navieras ya lo cumplen. Desde el grupo Iberia, en concreto de Vueling, apuntaron ayer: «Estamos adaptando todos los equipos para cumplir los cambios».
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