«Los costes de insularidad que sufren los ciudadanos de las Illes Balears son muy superiores a los que a fecha de hoy reconoce el Estado», señala la propuesta presentada por José Vicente Marí Bossó, Maria Salom y Cristóbal Marqués. Explican que no solo hay una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios derivado de los efectos de los mayores costes de la insularidad, «sino que también en los últimos años se ha producido un encarecimiento muy agudo de los precios del mercado inmobiliario».
La indemnización por residencia supuso un coste añadido para el Estado de 8.481.272,06 euros en 2019. El PP pide que se doble esta cuantía para que cada funcionario doble a su vez lo que cobra por este complemento.
Provisión de plazas
La proposición presentada por los senadores del PP incide en que las diferencias salariales, unidas al mayor coste de vida en las Islas, dificulta la provisión de las plazas de empleados del sector público estatal en Balears.
«Teniendo en cuenta éstas y otras especiales circunstancias es necesario favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como sucede en Balears, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes», señalan.
Indican, además, que la última actualización de este complemento se llevó a cabo hace doce años, por lo que ya los complementos han quedado «completamente desfasados».
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