El Govern inicia la compra de pisos vacíos a bancos y fondos buitre

Vista aérea de Palma. | Alejandro Sepúlveda

Nekane DomblásPalma 19/01/21 12:11
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El Govern ha comprado ocho viviendas vacías a un fondo de inversión vinculado al Banco de Sabadell en la primera operación de este tipo en la que se ejerce el derecho de tanteo y retracto. Esta opción da al Govern derecho preferente de compra cuando un banco o fondo buitre pretende vender sus inmuebles a otro banco o fondo buitre, en la mayor parte de las ocasiones con fines especulativos.

Se trata de una medida pionera en Baleares con la que el Govern pretende aumentar el parque público de vivienda sin tener que construir vivienda nueva. El coste la operación ha sido de 900.609 euros, lo que da una media de 112.576 euros por vivienda.

En paralelo, el Govern ya tiene a punto la adquisición del uso de otros 80 viviendas que los grandes tenedores están incluidas en el registro de viviendas vacías. El Govern expropiará el uso de estas viviendas durante siete años y a cambio pagará un alquiler a los propietarios. A su vez, gestionará el alquiler de estos inmuebles a los ciudadanos que están en el registro de solicitantes de vivienda.

El conseller d'Habitatge, Marc Pons, ha anunciado además que han abierto expediente a grandes tenedores por no haber informado al Govern de 19 operaciones de compraventa que se han saldado con una propuesta de sanción de 180.000 euros hasta ahora. Pons ha reconocido que el número de pisos que figuran en el registro de viviendas vacías ha caído a la mita, de 1.400 a poco más de 7000, porque muchos grandes tenedores prefieren venderlos antes que cederlos al Govern. No obstante, ha precisado que se trata de uno de los objetivos de la Ley de Vivienda, para que los bancos saquen sus pisos vacñios al mercado y no se los guarden para especular con ellos.

«Es una relación de fuerzas desigual, pero seguiremos plantando cara para que salgan al mercado estos pisos de grandes tenedores que están vacíos», ha dicho Marc Pons. El conseller ha detallado el largo proceso que ha seguido la Conselleria desde que se aprobó la ley para poder comenzar a tener resultados. El conseller admitió que ha tenido dificultades ya que algunos de los grandes tenedores se resisten a colaborar con el Govern,

Hasta la fecha ya se han abierto 86 expedientes sancionadores abiertos, con una sanción ya cobrada por valor de 209.268 euros y otros 318.018 euros que aún están en tramitación.