En la pérdida de posiciones de Baleares en materia de financiación autonómica pesan los 450 millones de euros que se irán el año que viene a otras comunidades y que obligarán al Govern a endeudarse en una cantidad equivalente para hacer frente a sus necesidades.
Baleares no es la comunidad que se encuentra en peor posición ya que por detrás aún hay otras cuatro autonomías que recibirán menos dinero: Andalucía, Murcia, Madrid y la Comunitat Valenciàna. Muy por encima de la media se encuentran, además de Cantabria, la más favorecida por el sistema, La Rioja y Extremadura.
Entre las peores
Baleares no es la que percibirá menos dinero si se tiene en cuenta la media por habitante, pero sí es una de las más perjudicadas por el sistema, junto con la comunidad madrileña. Madrid y Baleares son, por este orden, las dos comunidades que más recursos aportan al sistema de financiación en función de su peso poblacional.
El problema es que las dos primeras comunidades en volumen de aportaciones ocupan después los puestos número once y trece a la hora de recibir recursos del sistema de financiación. Esta desproporción entre lo que se recauda en las Islas y lo que después recibe el Govern para financiar los servicios básicos de la Comunitat es la principal queja de los políticos de Baleares con respecto al actual modelo.
Cambiar el sistema
Tanto el PSIB como el PP coinciden en que, en la reforma del sistema de financiación, es fundamental que se cumpla el principio de ordinalidad: si Baleares ocupa la segunda posición en el listado de comunidades en las que se recauda más dinero no puede ser después la decimoprimera cuando se reparte.
El sistema de financiación caducó en el año 2014, pero sigue en vigor porque ni Mariano Rajoy con mayoría absoluta ni Pedro Sánchez con gobiernos de coalición se han atrevido a poner sobre la mesa una cuestión política que divide a los partidos.
Hay diferencias internas que no tiene que ver con la ideología sino con los territorios. Baleares comparte reivindicación con comunidades como Madrid (PP-Cs), Valencia (PSOE-Compromís-Podemos) o Murcia (PP). Todas ellas creen que debe primar la población y la actividad económica en los criterios de reparto.
Galicia (PP), Castilla y León (PP-Cs). Asturias (PSOE) y Aragón (PSOE-Podemos-CHA y PAR) defienden un planteamiento completamente diferente y creen que los criterios de pago debe ser la desplobación o la diseminación urbana del territorio. País Vasco y Navarra no están afectadas por el modelo de financiación ya que tienen un concierto económico con el Estado.
1 comentario
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Y podríamos saber cómo quedamos los ibicencos frente a mallorquines y menorquines?