Este domingo se cumplen tres meses desde que comenzó el tiempo que siguió al estado de alarma decretado el 14 de marzo (que también se prolongó tres meses, incluyendo la ‘desescalada') y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio en llamar ‘nueva normalidad'. Esa expresión ha sido adoptada por toda la clase política en general, y la presidenta Armengol la utilizó varias veces durante su comparecencia del martes en el Parlament.
En su comparecencia –ante cargos de su Govern, diputados y diputadas con mascarilla y portavoces que seguían la sesión e intervenían desde su casa, una imagen impensable cuando empezó el año–, la presidenta Armengol auguró que todavía «vendrán momentos duros» y evocó lo que definió como «espíritu de los balcones», aludiendo a un gesto que identificó a los primeros meses del confinamiento duro: la gente salía al balcón a aplaudir y proclamaba que «de esta, vamos a salir».
La presidenta dejó claro que «estamos viviendo una segunda ola» de contagios por la COVID, que se esperaba «para otoño», y había llegado antes de lo previsto. En realidad, el primer día de la ‘nueva normalidad' (20 de junio, coincidiendo con el inicio del verano) ya empezó a hablarse de «rebrotes» o «posibles rebrotes» pero según se ha trasladado desde el entorno del Consolat de Mar, la prioridad era encauzar el principio del verano y tomar todas las medidas para la «temporada turística». Su gran apuesta fueron los «corredores seguros», especialmente con Alemania. La llegada del primer grupo de turistas – aplaudidos cuando entraban a su hotel de la Platja de Palma– iba a ser el símbolo de la ‘nueva normalidad' en un sector marcado por los expedientes de regulación temporal de empleo.
La crisis económica
Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, que incluye Treball y Turisme, señala a este diario algo que ha repetido durante estos meses: que de no ser por los ERTE y la ayuda estatal, que el conseller ve como el ejemplo más evidente de la socialdemocracia, la situación habría sido dramática. No responde, y hace un gesto con las manos, cuando se le pregunta si el Gobierno no tendría que haber aprovechado esta situación para impulsar medidas de cogestión empresas-plantillas como en otros países de Europa. Negueruela insiste en que el resto es responder a la crisis económica.
Eustachio Tarasco es un empresario italiano que tiene una zapatería que vende calzado de importación en una calle de Palma. En sus escaparates hay carteles de liquidación por cierre. Antes de que se declarara el estado de alarma había hecho un pedido con vistas a la temporada de verano. El día 30 de marzo, cuando se iniciaba la segunda de las seis prórrogas de éste, llegaron a su tienda –cerrada como la totalidad de los comercios– centenares de cajas de zapatos. «Me las voy a tener que comer con patatas», comentó a este diario.
Esta semana, explicaba que no se ha recuperado y que, además, el alquiler que paga por el local, 6.000 euros mensuales en una zona comercial y peatonal, es insostenible. Cerrará en unos días. Pero ha podido habilitar un pequeño local en una calle próxima para seguir su actividad. Baleares registraba en mayo el menos número de empresas inscritas en la Seguridad Social desde 2014.
David Abril, que tras retirarse de la política da clases en la UIB y forma parte del Observatorio Social, afirma que «lo malo de esta nueva realidad es que parece que queremos volver a la vieja normalidad y eso no será posible». Entiende que se ha aprovechado para cambiar el modelo y que «la economía sigue por delante la salud». Su conclusión es que «esto va para largo».
Todo cambió de la noche al día y la historia continúa
Sobre estas líneas, la portada del 14 de marzo, que informaba de lo que ocurriría ese día, la declaración del estado de alarma. Todo cambió en pocas horas y las calles quedaron vacías.
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