La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que la mujer, que fue condenada en 2014 por un delito de robo con violencia, era consciente de que España se encontraba en estado de alarma por emergencia sanitaria el pasado mes de marzo. Marina F. sabía que estaba prohibido permanecer en la vía pública sin causa justificada, pero le dio igual.
El 21 de marzo, a las 21.12 horas, dos agentes de la Policía Nacional interpusieron una denuncia administrativa a la mujer tras interceptarla en la calle Ferrería sin motivo justificado. Seis días después, a las 20.34, fue sorprendida por dos efectivos de la Policía Local a la altura del número 2 de la Avenida Gabriel Alomar.
El 10 de abril, a las 09.00 horas, la Policía Local volvió a pararla en la calle Manacor para advertirle de que no podía estar en la vía pública sin motivo. Dos días más tarde, los agentes de la Policía Local que la interceptaron el 27 de marzo la detuvieron por la mañana, en el número 10 de la avenida Gabriel Alomar, por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad. La mujer estaba en la calle de nuevo sin justificación aparente.
Marina F., asistida por un abogado de oficio a través de una videoconferencia con el juzgado de guardia, manifestó ante el juez de Instrucción 8 que las ocasiones en las que la interceptaron se dirigía a buscar comida al comedor social Tardor, en la calle Reina Constanza. La mujer admitió que se encuentra en situación irregular en España y que trabaja como cuidadora de un hombre mayor que reside en un domicilio de la vía Sindicato.
Un hombre afronta ocho meses de cárcel por el mismo motivo
Cesare C., de 56 años y nacionalidad italiana, también incumplió en cuatro ocasiones el estado de alarma en Palma. El hombre fue denunciado los días 19, 28 y 31 de marzo por la Policía Local.
El 12 de abril, a las 9.30 horas, se encontraba sentado en las escaleras que dan acceso a la Plaza Mayor y empezó a comer. Los agentes lo detuvieron por un supuesto delito de desobediencia grave y estuvo tres días en prisión provisional. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel.
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Se debe parar ya la chulería de la gente y que hace lo que le viene en ganas sin respetar a los demás. Está visto que la gente que pide menos sanciones es porque saben las cometen. Gente que respeta no tiene miedo a sanciones duras.