Educació recorta 1,8 millones de los remanentes de 215 centros de Baleares

El recorte se aplica en cumplimiento de la Llei de Pressuposts y afecta a los centros cuyos remenentes equivalen al menos a un 110 % de su dotación anual para gastos de funcionamiento. En este sentido, 165 colegios e institutos públicos no verán tocadas sus cuentas. En total, los remanentes de los centros públicos superan los 20 millones de euros.

Estos datos fueron aportados ayer por el conseller, Martí March, al término de la reunión de la Mesa Sectorial d'Educació, cuyo punto a tratar era realmente el anteproyecto de Llei d'Educació.

March reconoció que la medida ha creado malestar entre los directores y para mañana se ha convocado una reunión con los responsables directivos de los centros. También las asociaciones de padres serán convocadas.

Los remanentes con carácter finalista no se tocarán en ningún caso, como por ejemplo los destinados a becas Erasmus y de comedor, ayudas a necesidades educativas especiales y fondos de reutilización de libros. En cualquier caso, hay un límite máximo del 66 % de recorte en la dotación anual de cada centro.

March anunció que «llegaremos a acuerdos para marcar las reglas del juego en la planificación y gestión económica de los recursos de los centros». Concretamente, se revisarían las Instruccions de Gestió Econòmica, derivadas de un decreto.

Por su parte, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, especificó que «los remanentes de los centros están creciendo en los últimos años a un ritmo de un millón de euros anual y hay alguno que acumula más de 300.000 euros en su cuenta bancaria». Morante también recordó que el recorte de remanentes no es una medida inédita, pues ya se aplicó hace una década.

«No se puede exigir más al profesorado con menos»

Los sindicatos rechazan el recorte de los remanentes y así lo expresaron tras la reunión de este lunes de la Sectorial. Biel Caldentey, del STEI, señaló que «la educación no debería recibir ningún recorte». Felipe Pérez, de ANPE, manifestó que «sospechábamos de este recorte cuando se aplicó el control horario como cortina de humo. No se puede exigir más al profesorado con menos». Josep Palou, de la UOB, indicó que «el recorte de los fondos afecta al funcionamiento de los centros». Miquel Àngel Santos, de Alternativa, declaró que «se han cambiado las reglas del juego a media partida, con el curso iniciado, y sin ningún aviso previo». Maria Àngels Aguiló, de CCOO, constató que «la medida ha generado malestar en los centros y no se ha informado con la suficiente antelación».

Por su parte, la Federació d'Associacions de Pares i Mares señaló que «si algunos centros acumulan remanentes año tras año, lo que tiene que hacer es la Conselleria es investigar y hablar con ellos, y si es necesario, aplicar las medidas correctivas oportunas, pero no aplicar una medida general para problemas específicos, además sin negociación ni diálogo».