Los gobiernos central y de Balears aprobaron ayer las medidas anunciadas para hacer frente a la quiebra del touroperador británico Thomas Cook. El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y mejorar la competitividad del sector turístico español, que incluyen líneas de crédito de hasta 700 millones de euros.
Se abre una línea de financiación de hasta 200 millones de euros, a través del el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a atender las necesidades financieras de los afectados, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Crédito
Además se pone a disposición de las empresas una línea crediticia de 500 millones de euros, para apoyar el desarrollo de la digitalización, innovación y modernización de los servicios para no depender de los touroperadores.
La ejecución de esta última iniciativa se canalizará con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT) y será administrado por el ICO.
El conseller de Treball i Turisme, Iago Negueruela, resaltó ayer en el acto de homenaje de Gabriel Escarrer en Calvià su satisfacción por la subvención a la Comunitat Autónoma de 8 millones, con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad y mejorar el destino.
«A los ocho millones hay que sumar las bonificaciones a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos, que este mes de octubre ascienden a cuatro millones y que con el resto de los meses bonificados se llegará a los diez millones», explicó Negueruela.
Por su parte, el Consell de Govern aprobó la línea de ayudas para el personal de las empresas de Thomas Cook que se ha visto afectado por la quiebra. Así, todos los trabajadores que están sin cobrar sus nóminas y sin opción legal de acceder a la prestación por paro podrán solicitar una ayuda de 500 euros mensuales durante, como máximo cuatro meses. Para recibir la subvención, estas personas deben cumplir requisitos tales como estar inscritas en el SOIB como demandantes de empleo.
Ecotasa
Por otra parte, el Govern prorrogó ayer en cinco días el plazo para presentar proyectos financiados por el impuesto del turismo sostenible (ITS) o ecotasa para que puedan reformularse proyectos o presentarse nuevas iniciativas «para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook».
El entrecomillado recoge el título de la nota emitida por el Govern y abre la puerta a que puedan presentarse iniciativas que luego serían financiadas con el impuesto turístico. La consellera de Presidència y portavoz, Pilar Costa, afirmó que esta medida «no tiene nada que ver con financiación o ayudas a empresas hoteleras», sino que busca que pueda plantearse «algún proyecto adicional». Indicó que sabía que la Conselleria de Turisme trabajaba «en un proyecto vinculado con la conectividad».
La ampliación del plazo se había aprobado en una reunión de la Comisión de impulso del Turismo Sostenible, a propuesta del Govern, que reúne a administraciones y entidades. El grupo ecologista GOB, que participa en la comisión, rechazó asistir a la reunión de ayer. «El impuesto se ha convertido en una estafa, tanto por el objetivo, como por su gestión», indicó la organización que entiende que sólo se busca «destinar dinero al rescate de las empresas afectadas». Costa lo negó.
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