Nekane DomblásBaleares17/07/19 7:41
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El Gobierno vuelve a cuestionar una ley del Parlament balear y amenaza con impugnar la Ley de Consultas Populares y Procesos Participativos al entender que algunas de sus disposiciones pueden ser inconstitucionales. El Gobierno central cuestiona toda una disposición de la ley y media docena de artículos, entre los que destaca el hecho de que la consulta sea vinculante para la administración que la convoque. La ley permite a los ayuntamientos convocar consultas, pero debe acatar el resultado que salga de ellas y esa es una de las cuestiones que no ve claro la administración central.

Tampoco considera constitucional que las consultas se realicen en una zona del municipio ya que considera que deben ser globales.

La disposición cuestionada por el Gobierno se refiere a aspecto concretos de la convocatoria y publicación de la consulta o del referéndum, así como todo el proceso organizativo, incluida la campaña informativa, el voto, el escrutinio, la proclamación de los resultados y las posibles reclamaciones.

El Govern ya se vio obligado a hacer una modificación de la ley antes de que ésta llegara al Parlament debido a una serie de advertencia del Consell Consultiu, que también dudada de la constitucionalidad del texto legal.

El Consultiu alertaba al Govern de que no podía hacer consultas dirigidas al conjunto de la población, sino que debía hacerles limitadas a los colectivos concretos afectados por las decisiones que se pretenden consultar. Partiendo de este punto de vista, reprobaba también la intención del Ejecutivo de elaborar un registro único de participación ciudadana.

«No respeta los límites fijados por el Constitucional sobre las consultas no refrendarias», señalaba, y añadía que no se puede hacer un llamamiento a la participación de los ciudadanos en general, porque eso no lo permite el Constitucional. Ya alertaba de que las consultas no podían ser vinculantes. «No se ajusta a la naturaleza de este tipo de consultas que el resultado sea vinculante (...) más aún cuando se realizan sin las garantías propias de los procesos electorales».

A raíz de estas observaciones del Consell Consultiu, la entonces consellera de Participació i Cultura del Govern, Fanny Tur, anunció cambios en el proyecto de ley para evitar