El jefe de Anticorrupción ya investiga doce denuncias en las instituciones de Balears

«Es previsible que, en las próximas semanas, dos de estas denuncias sean archivadas y otras dos pasen a la fase de investigación por apreciarse indicios de irregularidades», señala el director de la Oficina en la memoria.

Se han recibido un total de 14 «informaciones, alertas o denuncias», a las que se suman dos requerimientos de obtención de información a iniciativa del propio Far, pero estos dos se han archivado al no apreciarse «indiciariamente» ninguna de las irregularidades por las que se hicieron los requerimientos.

Funcionarios y particulares

Far detalla en el documento que seis de las denuncias totales las han presentado particulares y cuatro de ellas incorporan un escrito explicativo de los hechos y documentación acreditativa; otras tres las han presentado funcionarios de la Comunitat y una procede de un grupo político. Hay otras cuatro alertas telefónicas que no llegaron a presentar denuncia.

Las materias sobre las que han versado las informaciones, alertas o denuncias tienen que ver con irregularidades en la función pública, que agrupa un total de cinco denuncias; cuatro alertas corresponden a sospechas vinculadas al urbanismo y dos son relativas a conflictos de intereses de altos cargos. Además hay una que plantea posibles ilegalidades en materia de contratación pública.

La información remitida a los grupos parlamentarios también da detalles de las instituciones en las que presumiblemente se habría cometido las irregularidades. Figuran la Comunitat, consells, ayuntamientos de las Islas, otras entidades públicas y empresas privadas por sus relaciones con el sector público.

En su informe, el director de la Oficina explica parte de sus intenciones para este año y una de las más destacadas es la creación de un sistema de «alertas rápidas» por medio de la obtención de datos informáticos cruzados en las «áreas de riesgo». Se trata de una herramienta de análisis de datos que persigue la detección de irregularidades o malas prácticas administrativas en el momento en que se producen, de forma automatizada, «a partir de los datos producidos por la gestión de los procedimientos administrativos».

Las alertas obtenidas por este sistema se considerarán como entradas para el inicio de actuaciones inspectoras y tendrán el mismo valor que las denuncias que se presenten de forma directa o anónima a través del buzón específico.