Con este decreto, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que se da «respuesta a una reivindicación generalizada» en el archipiélago que «está reflejada en la Constitución Española», en el artículo 138.
El REB es un instrumento similar al régimen especial de las Islas Canarias con el que se trata de «amortiguar los efectos de la insularidad en materia de transporte, energías e inversiones de Estado».
Después de su convalidación, este factor se incluirá cada año en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para que Baleares reciba inversiones del Estado en la media del conjunto de las autonomías.
El decreto ley recoge bonificaciones al transporte para «los españoles y para el resto de ciudadanos de la Unión Europea» que residan en Baleares. En concreto, la bonificación incluye hasta el 75 % de las tarifas marítimas y aéreas para trayectos directos entre islas y el resto del país. En viajes interinsulares, el 50 % en los viajes marítimos y del 75% en los aéreos.
Además, también se incluye una ayuda especial al transporte de mercancías y residuos que será, como mínimo, del 65% del coste medio de flete del transporte para la exportación de productos originarios de las Islas Baleares o que hayan sido objeto de transformaciones que aporten valor a las islas.
En cuanto a los residuos, se establecerá un mecanismo de compensación en función del tonelaje de residuos transportado, atendiendo a razones de economía de escala o de gestión ambientalmente correcta de los residuos.
En energía, el Gobierno central promoverá la interconexión eléctrica entre las islas para avanzar en la integración de los sistemas eléctricos aislados en un único sistema eléctrico balear. Con el fin de integrar este sistema a su vez al sistema eléctrico peninsular, el Ejecutivo promoverá la ejecución de una segunda interconexión eléctrica entre Península y Baleares.
También se promueven las energías limpias, con el objetivo de atender la necesidad urgente de reducir de forma significativa la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica a la vez que se garantiza el suministro eléctrico. El Gobierno fomentará además la sustitución tecnológica de la generación eléctrica por fuentes de energía renovable y de bajas emisiones.
Por último, Batet ha destacado las inversiones estatales que se destinarán a Baleares en los PGE para sufragar «los ámbitos afectados por la insularidad», aunque «teniendo en cuenta la media del conjunto de comunidades en el territorio español».
Todas estas inversiones del REB se decidirán en Comisión Mixta entre el Gobierno central y el balear para responder, según ha insistido la ministra, «plenamente a las consecuencias perjudiciales» de la insularidad con respecto a la situación del resto de las Comunidades Autónomas.
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