José María Pizá es el presidente del colegio oficial de APIS de Balears.

José María Pizá es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. El negocio de la compraventa de propiedades de suelo y viviendas vuelve a vivir un buen momento.

¿Es el negocio más fácil del mundo?
—De la manera que está, en que cualquiera, aunque no tenga estudios, puede abrir una agencia podría ser considerado así. Puedes hacer negocio sí, pero muchas animaladas también.

¿Por ejemplo?
—Una casa es la inversión de toda una vida de una persona o una familia. Si quien gestiona la compraventa no tiene ni idea del negocio te puede desgraciar por muchos años.

¿Es partidario de incluir requisitos en la profesión?
—Es que vas a comprar una lechuga y se exige carné de manipulador de alimentos al que te la vende. No se puede poner a gestionar patrimonio inmobiliario alguien sin garantías.

¿Por eso se producen algunos casos de fraude?
—En el ámbito de los APIS no hay ninguno, en el del negocio inmobiliario se han demostrado negligencias absolutas de agentes. Estaban cobrando dinero de una futura promoción inmobiliaria cuando el promotor no era el propietario del solar. Ha pasado en Palma, el agente ha sido incapaz de preguntar antes al promotor o de ir al Registro de la Propiedad a comprobarlo.

¿Hay pocos agentes colegiados?
—En las Islas somos 200. La cifra de no colegiados se desconoce, tal vez son mil, hay muchos más que trabajan por libre que colegiados.

¿Es contraproducente para el consumidor?
—Claro, por eso, como garantías para el consumidor, hemos exigido, primero, un registro obligatorio; segundo, un domicilio físico, aunque sea una casa particular; tercero, un seguro de responsabilidad civil obligatoria; y cuarto, acreditar un mínimo de conocimientos.

¿Tanto para una actividad liberal?
—El seguro es importante porque si se comete una pifia podrá responderse por ella. ¿Cuántas propiedades fuera de ordenación se han vendido a extranjeros en Mallorca? ¿Quién responde luego? Trabajar con garantías para el cliente es clave.

¿Cómo está la actividad en otras comunidades?
—En Cataluña, el reglamento exige a los APIS un curso de 200 horas, incluye temas de Derecho, legislación fiscal y otros propios de nuestra actividad profesional.

¿Ha vuelto el viento de cola para el sector?
—De junio de 2017 a junio de 2018 ha habido un aumento de ventas del 21 por ciento. Eso significa que el momento de la compraventa de inmuebles en Balears está boyante.

¿Se va a recuperar la valoración inmobiliaria de los años previos a la crisis?
—De momento no hemos llegado a aquellas cifras, pero hemos pasado del cero al infinito, de no vender nada en 2013-2014, que era un desierto, al primer semestre de 2015 en el que las entidades financieras comenzaron a dar crédito. Desde entonces ha subido la venta y el precio de los inmuebles.

¿Cuánto?
—El precio, en torno al 21 o 22 por ciento. Eso significa que no hemos llegado a los de 2007, en aquel momento la vivienda llegó a sobrevalorarse un 30 por ciento. Digamos que estamos a ocho o nueve puntos de alcanzar otra vez el techo.

¿Es un objetivo?
—Se ha recuperado gran parte del terreno perdido.

¿Cuál es la clave?
—El préstamo bancario, sobre todo ahora que los intereses están al cero por ciento.

¿Aconseja comprar casas como refugio del dinero?
—Toda la vida ha sido un bien seguro en el que invertir, si compras en condiciones normales.

¿Está cambiando el paradigma del británico como principal cliente?
—No de forma taxativa, ya se sabe que el mercado francés ha crecido mucho, pero hay compradores que compraban viviendas con licencia turística o con esperanzas de obtenerla que se han retraído al conocer la normativa restrictiva. Las cédulas de habitabilidad también han condicionado un poco el movimiento.

¿Cómo se reparte el mercado de compradores?
—De cada cien viviendas, 40,5 las compran extranjeros, es una barbaridad. Así no pueden bajar los precios, seguirán al alza, aunque a un ritmo más moderado.

¿Lo compran todo?
—Los suecos están comprando ahora en Palma barriadas enteras, como Santa Catalina o Pere Garau, locales y viviendas, supongo que pensando en el alquiler turístico -que en Palma, por cierto, está prohibido- y como segundas residencias en zonas que ahora mismo no son muy valoradas.