El ministro está dispuesto a relajar las exigencias hacia Balears, según aseguran fuentes cercanas al Ministerio, ya que reconoce el esfuerzo realizado por la Comunitat Autònoma, que este año ha cerrado el ejercicio con superávit. En este contexto, Montoro está dispuesto a flexibilizar su petición, pero para eso necesita la aprobación de las cuentas.
Balears no es la única comunidad que ha recibido una advertencia del Ministerio. Hay otras seis comunidades, entre ellas alguna gobernada por el PP, como Madrid, que han recibido el mismo aviso.
Guerra institucional
En cualquier caso, el aviso del ministro de un posible recurso a las cuentas de Balears ha abierto una guerra institucional en toda regla. La consellera d' Hisenda, Catalina Cladera, que ayer reunió a los representantes sindicales para buscar su apoyo, asegura que el Gobierno está haciendo chantaje para que le aprueben las cuentas dado que no tiene los votos necesarios en el Congreso y denuncia la injerencia de Rajoy en asuntos de las Islas.
Los sindicatos, que anunciaron que harán piña con el Govern, se consideran rehenes de esta guerra, piden que se les pague unos complementos legalmente aprobados y señalan directamente a la delegada del Gobierno, Maria Salom, como autora intelectual del recurso contra el plus de carrera profesional.
Maria Salom a quien señala es a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de quien dice que la está utilizando como excusa. «Que no me use como excusa porque ella es la responsable de que la carrera profesional se pague con arreglo a la ley», señaló Salom. La delegada del Gobierno asegura que está a favor de que se pague el complemento «cumpliendo la ley, que es la obligación de la presidenta».
El pago de la carrera profesional supone este año 128,68 millones de euros con complementos que en algunos casos llegan a los 12.000 euros anuales. La aplicación de estos pluses implica que cerca de 400 funcionarios de las Islas cobran sueldos superiores a los miembros del Govern.
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