El recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno español ha interpuesto contra la ley balear que regula las corridas de toros y la protección animal es el tercero que se presenta contra una norma del actual Ejecutivo –los otros afectaban a la Ley de Impacto Ambiental y a una disposición adicional de los Presupuestos de 2017 que establecía un complemento económico para el personal médico de Formentera– y el que hace 22 desde el inicio de la autonomía en 1983.
Así lo recoge en un informe de la Abogacía de la Comunitat Autónoma elaborado para que sea incorporado a la comisión no permanente del Parlament que evalúa el autogobierno de Balears. Los grupos políticos analizan la legislación autonómica y el estado de sus competencias y su relación con Madrid ante posibles reformas. El recurso de inconstitucionalidad no es el único mecanismo del que dispone el Gobierno central en caso de litigio. De hecho es el que los agota. Antes, puede echar mano del conflicto positivo de competencias y de la cuestión de inconstitucionalidad. La suma de los tres instrumentos da un total de 51 procedimientos ‘de control' interpuestos por el Gobierno central a de Balears.
El primer recurso de inconstitucionalidad, que finalmente se retiró, fue contra una ley de 1984, concretamente la que regulaba el Consejo Asesor de RTVE en las Islas. El Gobierno central interpretaba que la recién creada comunidad autónoma no podía intervenir en esta cuestión.
El primer impuesto ecológico
Los recursos de inconstitucionalidad han corrido con diferente suerte. Algunos se estimaron parcialmente, como el que se presentó contra la Ley de Normalización Lingüística de 1986 que obligó a modificar dos artículos; otros fueron retirados antes de culminar su tramitación. La Ley de Normalización Lingüística tomó como modelo a la de Catalunya pese a que en las Islas gobernaba Cañellas. Pero logró el apoyo de todos los grupos y todavía está vigente.
El Gobierno también presentó recurso contra la Compilación del Derecho Civil de Balears (fue estimado parcialmente) y contra una ley por la que se creó el primer impuesto ecológico de Balears, concretamente un gravamen para que afectaba a compañías cuya actividad Impactaba en el Medio Ambiente. Esta ley fue declarada inconstitucional.
El Gobierno central, y de forma sistemática, ha venido recurriendo las leyes sobre ordenación comercial. De hecho, lo primero que se encontró sobre la mesa el actual Govern fue un recurso contra diversos artículos de la Ley de Comercio que se aprobó cuando Bauzá era presidente del Ejecutivo.
La lupa del Constitucional lo vigila todo, desde nuevos tributos a corridas de toros
La primera vez que el Tribunal Constitucional se interesó por una norma de Balears fue en diciembre de 1983, a pocos meses del estreno de su primer Govern. No presentó recurso pero sí un conflicto de competencias por un decreto que regulaba los avales de la Comunitat Autónoma.
La lupa del alto tribunal se ha puesto sobre diversos asuntos: regulación de las cajas de ahorros, creación de impuestos, regulación del juego y casinos, reformas administrativas, declaración de área de especial interés, urbanismo, loterías, comercio, presupuestos, función pública y regulación de las corridas de toros. Ha interpuesto recursos, conflictos de competencias y cuestiones de inconstitucionalidad.
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