La campaña electoral del PP en las elecciones de 2007 fue especialmente llamativa por el despliegue de medios, con enormes carteles cubriendo fachadas enteras de edificios como este.

La campaña electoral del PP en las elecciones de 2007 fue especialmente llamativa por el despliegue de medios, con enormes carteles cubriendo fachadas enteras de edificios como este. | Joan Torres

Nekane DomblásPalma09/01/18 4:15
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El PP deberá devolver al Govern parte de la subvención electoral del año 2007, campaña que se financió con 71.958,44 euros de dinero negro, según reconoció el gerente de la formación, Fernando Areal y acredita una sentencia judicial. Sin embargo, la cantidad que deberá devolver será solo de 16.601 euros si el Ejecutivo balear atiende a las conclusiones del dictamen emitido recientemente por el Consell Consultiu. Esa cifra está muy lejos de los 153.322 euros que la Sindicatura de Comptes calculó que debía devolver. El Consell Consultiu reconoce que parte de la subvención estuvo mal dada, pero asegura que solo se puede reclamar el 10 por ciento de esos 71.958 euros defraudados.

La Sindicatura de Comptes, sin embargo, proponía reclamar esos más de 70.000 euros en negro del PP y simultáneamente doblarlos en concepto de penalización. A esta cantidad añadía otros 9.405,56 euros por haber sobrepasado el límite que marca la ley de gasto en publicidad en los medios. La suma alcanzaba esos 153.322 euros de reclamación.

El dictamen del Consultiu discrepa con esta tesis y asegura que solo se puede reclamar la penalización que propone la Sindicatura cuando hay constancia de que el pago en negro lo hizo una sola persona. Como la sentencia no aclara si el pago lo hizo una o varias personas, la ley marca que la penalización solo puede ser del 10 por ciento. El dictamen concluye, por tanto, que se exija la devolución de 7.195 euros a los que se suman los 9.405 por haber sobrepasado el límite de gasto en publicidad. A esos 16.601 euros totales hay que sumar los intereses desde 2007.

El dictamen del Consultiu fue aprobado con el voto favorable de seis consellers y el voto en contra de los tres representantes elegidos por el PP, que además firman un voto particular. Estos tres juristas entienden que no cabe acordar la nulidad de esa subvención que dio el Govern porque el delito electoral que figura en la sentencia no afecta al hecho de que el PP fuera merecedor de las subvenciones que marca le Ley Electoral.