Los toros ‘a la balear' quedan en suspenso tras el recurso del Consejo de Ministros

El Gobierno ha pedido además la suspensión de la norma, por lo que durante los cinco primeros meses, la norma no estará en vigor. Pasada esa fecha, será el Tribunal quien decida si se mantiene o no la suspensión.

El Gobierno considera que la ley balear incurre en inconstitucionalidad porque invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes.

Competencias

También invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, así como en las de seguridad pública, según informa el Ejecutivo en un comunicado.

El texto añade que, a diferencia de otras comunidades autónomas, Balears no tiene recogido en su Estatut competencias específicas para la protección de los animales.

El Tribunal Constitucional dictó sentencia, el 25 de noviembre de 2016 sobre la Ley catalana de protección de los animales, indicando que «es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural».

A pesar de que se trata de una iniciativa que partió de los grupos políticos y no del Govern, la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, aseguró que defenderá en los tribunales su punto de vista. Costa aseguró, en cualquier caso, que la decisión del Gobierno central no puede considerarse una «intromisión política». La ley recurrida permite las corridas, pero prohíbe el maltrato y la muerte del animal.