Hacienda podrá revisar a fondo los ingresos de 4.000 abogados de Balears

La autorización por parte del Consejo sólo impide a la Agencia Tributaria acceder a la identidad del representado en cada uno de los procedimientos. El Colegio de Abogados de Balears se ha limitado por el momento de informar de esta decisión del gabinete técnico de la judicatura a los letrados. Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado una fuerte oposición a esta medida, que considera que «siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas». Además considera que se trata de un mecanismo de recopilación de datos «de carácter masivo» y sin la adecuda justificación ya que considera que la Agencia Tributaria ya tiene completa información sobre los asuntos.

La Abogacía recuerda que los abogados están sometidos a las normas de tributación establecida y que «cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales», por lo que entiende que la solicitud de la Agencia Tributaria «no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía». Además, pone de manifiesto que, cuando se han solicitado datos de este tipo a algunos colegios de abogados, los tribunales han estimado que eran solicitudes contrarias a la legalidad. De hecho analizan recurrir el informe del Consejo General del Poder Judicial. El malestar se ha extendido entre colegios de abogados de toda España. La solicitud de la Agencia Tributaria le permitirá examinar de forma mucho más precisa las declaraciones de los letrados, que ejercen como trabajadores autónomos. Así, podrán comprobar si las facturas se corresponden al volumen de casos que lleva cada uno de los letrados o si la cuantía guarda relación con la complejidad de cada uno de los asuntos. Los honorarios de los abogados no están tasados salvo en los asuntos del turno de oficio. En el caso de los procuradores, sus aranceles sí son más rígidos.