Pilar Costa y Catalina Cladera, ayer, en rueda de prensa tras el Consell de Govern.

El Govern evitará al máximo recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la caja que el Ministerio de Hacienda de Montoro pone a disposición de las comunidades autónomas para que enjuaguen su deuda. Ese es el punto de partida con el que aprobó ayer el techo de gasto para los Presupuestos de 2018: 4.086 millones de euros, un 6,4 % (246,9 millones) respecto al del este año.

Para 2018, el Govern prevé un incremento de los ingresos de un 12,6 % (451,5 millones) hasta los 4.027,8 millones de euros. Del total de los ingresos, la mayoría, el 64 %, proviene de la financiación autonómica, de la que se prevé un incremento del 10,8 %, que suponen 250,3 millones, que sumará 2.558,23 millones de euros.

Los ingresos por tributos propios, que incluyen el canon del agua y el impuesto turístico o ecotasa, suponen un incremento importante. Los cálculos de Hisenda pasan por un 37 % más de ingresos, es decir 55,3 millones adicionales. La suma total es de los 205,11 millones.

Transmisiones

Los tributos cedidos, que incluyen sucesiones y transmisiones patrimoniales (que gravan las compra de vivienda) supondrán una aportación a las arcas públicas de 866,7 millones, un aumento del 16,7 % más), según el escenario que marca el arranque para la aprobación de los Presupuestos.

La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, dijo ayer que en su opinión, el techo de gasto es una «buena cifra», que permitirá la elaboración de un presupuesto autonómico «en crecimiento», previsiblemente el que más crecerá entre las comunidades.

La consellera cifró en «unos mil millones» lo que se debe a los bancos. Las regla de gasto obliga a destinar 200 millones a amortizaciones de deuda y a inversiones de las conselleries.