Cuatro turistas, conmochilas ymaletas, por una de las calles del centro de Palma.

La ley que regula el alquiler turístico de viviendas, y que aprobará esta mañana el Parlament, se complementará, en el futuro, con la ley de la vivienda. Este es el compromiso que alcanzaron los partidos del Govern con Podemos que si bien no bloqueará la norma que hoy saldrá de la Cámara, sí mantiene algunas reservas. Las negociaciones continuarán hasta el momento mismo de la votación.

Podemos insiste en la necesidad de prever la «emergencia habitacional» y prohibir el alquiler turístico en el centro de Palma y en el de Eivissa. Desde Més recordaron ayer a este partido que la ley deja en manos de los consells la zonificación y que gobiernan en los de Eivissa y Mallorca. El alcalde de Palma, de Més, ya ha anunciado una moratoria turística.

El partido morado también mantiene que la nueva norma, que modifica la llamada ‘ley Delgado', debe fijar un techo o límite de plazas. Tanto el vicepresidente y conseller de Turisme, Biel Barceló (a través de Twitter), como el portavoz de Més, David Abril, y la portavoz del PSIB en este debate, Bel Oliver, indicaron ayer que ya se fija un techo de plazas desde el momento en que los consells los deciden y que la nueva ley supone, de hecho, una moratoria.

El voto particular

La realidad es que la única cuestión pendiente es cómo resolver el alquiler turístico en bloques de pisos. La posibilidad de alquilar por días ya está recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) pero la norma de Delgado dejaba en el limbo legal el arrendamiento con fines turísticos salvo en viviendas unifamiliares.

El pleno tiene que decidir sobre un voto particular que presentó Més para impedir que se mantenga la redacción de la ley del PP. Podemos se abstuvo para, así, tener un margen negociador.

EL APUNTE

Proponen cambios in extremis para salvar el texto

El PSIB y Més tratan de salvar la ley de alquiler vacacional como sea, incluso con enmiendas de última hora que ayer enviaron a los partidos, y en las que se enmiendan sus propias alegaciones ‘in extremis', según la propuesta presentada por Antoni Reus. Para que puedan debatirse en el pleno, se requiere la unanimidad de todos los partidos, cosa que parece improbable ya que el PP no está por la labor de aceptar unas modificaciones que considera improvisadas, que no resuelven nada y que solo buscan «salvar la cara» al vicepresidente, Biel Barceló.