El Parlament lleva meses trabajando en una modificación del reglamento de la Cámara para suprimir el fuero de los diputados, lo que dejaría a Álvaro Gijón en manos de la Justicia ordinaria. | Jaume Morey

El Govern quiere que la presidenta y los consellers dejen de tener el privilegio del aforamiento y para conseguirlo prepara una modificación de la Llei del Govern para suprimir esta ventaja judicial. El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó este jueves el anteproyecto de ley del Govern, que modifica dos leyes sustanciales de funcionamiento del Ejecutivo para modernizarlas.

Introduce cambios en la vigente Llei del Govern, aprobada por Francesc Antich en el año 2001, y en la Llei de Bon Govern, aprobada también por Antich en 2011. En plena tormenta política por el pase del ya exdiputado del PP Álvaro Gijón al Grup Mixt para mantener así el aforamiento, uno de los aspectos más llamativos de la modificación es la eliminación de este privilegio.Lo que hace la Conselleria de Presidència, autora del documento, es adelantarse a las circunstancias futuras porque para que la supresión del fuero a los miembros del Govern sea efectiva, será preciso eliminar esta ventaja judicial del Estatut d'Autonomia. Sin embargo, la intención del Ejecutivo es adelantarse a esta modificación y tener todo preparado para que no sea modificar la ley una aprobada la modificación estatutaria.

En principio, todos los partidos están de acuerdo en la supresión de los aforamientos del Estatut, pero el PP mostró sus reticencias hace una meses ante la posibilidad de que Podemos aproveche los trabajos de reforma para incorporara elementos que nada tienen que ver con el de los aforamientos. Además de la supresión de este privilegio, la modificación que este jueves publicaba el BOIB supone una adaptación de la Llei del Govern al Estatut d'Autonomia, ya que fue aprobado con posterioridad a la ley.

Introduce importantes novedades en materia de buen gobierno, con más acceso a los expedientes y todo un capítulo dedicado a la «Govern abierto». Establece los principios éticos y de conducta del Ejecutivo, además del deber de información y transparencia de la acción del Govern.