El Gobierno central cuestiona la regulación del alquiler temporal de viviendas a turistas y así se lo ha hecho saber al Ejecutivo de las Islas en un informe del que ayer informó el vicepresidente Biel Barceló que se lo tomó como un ataque a las competencias autonómicas tras asegurar que el planteamiento que les formulan «no tiene ni pies ni cabeza».

Aunque la advertencia del Gobierno central, concretamente del Ministerio de Economía, no tiene el rango de aviso de posible insconstitucionalidad, Biel Barceló entiende que podría terminar siéndolo ya que se cita expresamente la Carta Magna. Señala que «las restricciones que se introducen» a la comercialización de estancias turísticas en viviendas «deben ser compatibles con la libertad de empresa» que recoge el artículo 38 de la Constitución.

El informe del Gobierno cuestiona las competencias del Ejecutivo balear para regular el alquiler vacacional, el establecimiento del techo de plazas, así como las competencias de los consells insulares en ordenación territorial y en la zonificación de las zonas en las que se pueda realizar esta actividad. Además, recomienda directamente no regular el alquiler turístico.

El Ejecutivo balear prepara ahora una respuesta formal aunque, según informó Biel Barceló, la propia presidenta Armengol mostró a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, su disconformidad el miércoles de esta semana. El texto difundido ayer lleva fecha del pasado 24 de mayo. Biel Barceló se apresuró ayer a dejar claro que el Ejecutivo mantendrá la tramitación parlamentaria del texto, que ahora está en fase de enmiendas, y formuló una lectura en clave política del requerimiento.

«Solo podemos entender que haya motivaciones políticas para presentar este escrito contra la ley», mantuvo el vicepresidente a la vez que añadió: «No solo es un ataque a nuestra autonomía, no solo tiene una serie de incoherencias jurídicas, sino que es incoherente en lo que el propio PP ha defendido en Baleares».

Barceló, además, enfatizó en diversas ocasiones que lo que hacía el Gobierno era cuestionar que Balears quisiera fijar un ‘techo de plazas' y que se quejara de las restricciones a la posibilidad de alquilar. Fue cuando se preguntó «por qué no cuestionaron el proyecto de Carlos Delgado que, directamente, prohibía el alquiler vacacional». «La regulación turística es competencia exclusiva nuestra», concluyó el vicepresidente y conseller de Turisme.

EL APUNTE

Turismo reclama 14 millones por convenios de la Platja de Palma

La Secretaría de Estado de Turismo exige al Govern la devolución de 14 millones de euros, más intereses, que recibió por los convenios de colaboración para inversiones de reconversión en la Platja de Palma que, según el ejecutivo estatal, no se llevaron a cabo. Biel Barceló también informó de este dato ayer y precisó que el año pasado se justificó la inversión de 8 de los 20 millones de euros aportados por el Gobierno central en 2009 y 2010, pero la Secretaría de Estado solo reconoce inversiones por valor de 6 millones. «Batallaremos jurídicamente», añadió el dirigente autonómico.

LAS CLAVES

Dificulta la posibilidad de comercialización de algunos alojamientos

El proyecto de ley introduce modificaciones que «dificultan considerablemente la posibilidad de determinados modelos de alojamiento que han venido funcionando en los últimos años» y «penaliza» la oferta turística, según señala el texto del Gobierno a modo de valoración general.

Cuestiona que sean los consells quienes fijen las zonas permitidas

El informe cuestiona los artículos que dejan en manos de los consells la facultad de fijar las zonas en los que «puede llevarse a cabo la actividad de comercializar estancias turísticas en viviendas. También cuestiona que se puedan poner límites en planes territoriales urbanísticos.

Rechaza el acuerdo previo de la comunidad de propietarios

Considera «elementos restrictivos para la comercialización» (y que habría que revisar) los contadores individuales de agua y otros suministros, la necesidad de contar con el acuerdo de la junta de propietarios y la imposibilidad de formalizar los contratos por habitaciones.