El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado el decreto de medidas urgentes dirigido a luchar contra el intrusismo en el transporte, una normativa que estaba previsto aprobar en esta jornada antes de que los taxistas del aeropuerto de Palma protagonizaran ayer un paro espontáneo contra la competencia desleal, ha indicado.
«Dedicaremos todos los esfuerzos y los recursos que están en nuestra mano para que este intrusismo no exista», ha manifestado Pons, quien ha recordado que el contenido del decreto se comunicó el pasado lunes a los miembros del Consejo Balear de Transporte y recoge medidas que se pactaron con el sector del taxi en la negociación en torno a la implantación de las rutas de autobús entre el aeropuerto y las principales zonas turísticas de Mallorca.
Además de la prohibición de captar clientes para el transporte discrecional sin licencia de taxi, el decreto contempla el régimen sancionador para la publicidad en webs y redes sociales de transporte irregular y facilita la contratación mutua entre empresas de transporte discrecional para cubrir puntas imprevistas de demanda.
Pons ha resaltado que con este decreto ley se precisa la regulación del transporte discrecional y se implantarán nuevas sanciones, por lo que ahora los inspectores tendrán «la fuerza legal para actuar donde» antes había un vacío normativo.
La próxima semana ya habrá un plan de inspección, que permitirá que situaciones «como la vivida ayer» no vuelvan a repetirse, ha señalado el conseller, en alusión a la paralización del servicio de transporte que sufrieron los viajeros debido a la protesta de los taxistas en Son Sant Joan.
El objetivo es que nadie tenga «la tentación de ir al margen de la ley», y para ello se luchará desde el Govern, ha detallado Pons, que ha anunciado un equipo de tres inspectores y cuatro auxiliares centrados en el aeropuerto de Palma.
El decreto, de aplicación en todas las islas, es «fruto de meses de trabajo» y del acuerdo que venía trabajando el Govern con el sector del taxi para cerrar un convenio para la implantación del transporte público en el aeropuerto, ha enfatizado.
La normativa impone multas de entre 6.000 y 12.000 euros a quienes publiciten ofertas de transporte sin licencia específica, como las que han proliferado a través de internet dirigidas a turistas que llegan a los aeropuertos.
Además, se clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor de empresas procedentes de otras comunidades autónomas y se capacita a los consells insulars para crear y regular licencias de taxi y de estos vehículos de alquiler con conductor.
En concreto, los coches y furgonetas de alquiler con conductor dados de alta en otras regiones no podrán operar fuera de esos territorios más de un 20 % del tiempo y tendrán que acreditarlo con fechas de entrada y salida en Baleares.
Aunque se centra en el transporte por carretera, en el decreto se ha incluido también la corrección de la norma que impedía a los propietarios de edificaciones legales en el ámbito ferroviario realizar obras de mantenimiento y conservación, restricción que queda eliminada
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