En Turisme, cuyo máximo responsable es el vicepresidente Biel Barceló, cabeza de lista de Més en las pasadas elecciones autonómicas, miembros cualificados de la Conselleria indicaron a los agentes que los documentos originales no podían ser entregados pero que si regresaban al cabo de unas horas, les darían copias legales de estos contratos.
Así lo hicieron los policías, que a última hora de la mañana se llevaron la documentación. Lo mismo ocurrió con la Dirección General de Transparencia, al frente de la cual está Miquel Gallardo, también de Més.
Como se sabe, el escándalo estalló al trascender que Jaume Garau, jefe de la campaña electoral de Més en las elecciones de 2015, ha conseguido para sus empresas diferentes contratos en Turisme, Cultura y Transparència y Medi Ambient, además de en Cort, por valor total de unos 154.000 euros. Al saberse que la Policía se había presentado en dos de sus departamentos, el Govern se mostró abierto a ofrecer toda la información que le sea requerida.
Colaboración
El Consolat hizo público un comunicado en el que aseguró que «ha iniciado los trámites para entregar a la Fiscalía toda la documentación sobre los contratos firmados con empresas de Jaume Garau».
Esta oferta de transparencia institucional ya se produjo el pasado martes al trascender que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias en torno al caso. La propia Francina Armengol ofreció «colaboración inmediata». Este compromiso quedó sellado ayer al anunciar el Govern su «compromiso con la transparencia y la ejemplaridad».
A su vez, el Govern ha ordenado un estudio de los contratos de Garau a la Comissió Ètica, que precisamente fue creada esta legislatura para que dictamine si se ha transgredido el código de comportamiento ético aprobado por la izquierda.
El Govern recuerda que la renuncia de la consellera Ruth Mateu ya prueba que se asumen responsabilidades políticas.
AL MARGEN
El fiscal superior: «No se trata de un registro»
El fiscal superior, Bartomeu Barceló, explicó ayer que la actuación de la policía «forma parte de lo acordado por la investigación de la causa, para que los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Ana Lamas estudien la documentación. No es una acusación contra nadie. La actuación no tiene más importancia, no es un registro ni tampoco hay detenciones -explicó Barceló-. Una vez que los fiscales hayan estudiado los documentos decidirán si hay responsabilidades. Si fuera así, informarán al juzgado, y si no, archivarán las diligencias».
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