Las solicitudes se tramitarán a través de la propia Delegación del Gobierno y serán analizadas y resueltas por el Ministerio del Interior, indica en un comunicado el organismo que dirige Maria Salom.
El plazo de dos meses empieza a contar a partir de este sábado, fecha en la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de los temporales en diversas zonas de España aprobado ayer por el Gobierno.
«Las ayudas -recuerda la Delegación del Gobierno- serán destinadas a paliar daños personales, en vivienda y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas».
La aprobación del decreto ley permite financiar las compensaciones por las pérdidas materiales causadas en Baleares por las lluvias, inundaciones y vendavales con cargo al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, a excepción de los que sean competencia del Ministerio del Interior, que corresponden al presupuesto de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Aunque no se han evaluado de manera precisa, en una primera estimación para el conjunto de España el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha cifrado en unos 77,5 millones de euros los daños producidos por los temporales ocurridos desde noviembre en el sector agrario, en las costas, en las confederaciones hidrográficas y en la red de caminos naturales. Por su lado, el Ministerio de Fomento ha cifrado en 22,5 millones de euros los deterioros en carreteras, aeropuertos, puertos e infraestructuras ferroviarias.
«Las ayudas competencia del Ministerio del Interior son las que hacen referencia a daños personales, a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes, a los titulares de establecimientos y a compensaciones a las corporaciones locales», concluye la Delegación del Gobierno.
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