El conseller Marc Pons y el presidente de Creu Roja, Antoni Barceló, firmaron un convenio por el cual el Ibavi cede 10 pisos a la entidad para que sean ocupados por los refugiados y visitaron uno de los inmuebles.

El conseller Marc Pons y el presidente de Creu Roja, Antoni Barceló, firmaron un convenio por el cual el Ibavi cede 10 pisos a la entidad para que sean ocupados por los refugiados y visitaron uno de los inmuebles.

Nekane DomblásPalma05/01/17 4:00
TW0

El Constitucional ha suspendido varios artículos de la ley vasca de vivienda, en la que se ha inspirado Balears para presentar su propio texto autonómico. En concreto, la sentencia deja sin efecto, al menos por ahora, todas las referencias a la definición de viviendas vacías que la ley balear mantiene. El Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra este texto aprobado por el parlamento vasco y, hasta que tome una decisión definitiva, ha dejado en suspenso la definición de vivienda vacía.

Si sucede lo mismo con la ley balear, el Govern no podrá llevar a cabo una de sus propuestas más ambiciosas del texto: hacerse con el uso de los pisos de bancos e inmobiliarias que lleven vacíos dos años.

El conseller de Territori, Marc Pons, aseguró ayer que el Govern seguirá adelante con la propuesta aunque genere «controversia». Sobre el posible recurso de inconstitucionalidad, Pons señaló que en el País Vasco la norma «va por la vía de la expropiación y en otros términos» y detalló que el Govern ha llevado a cabo «todo un trabajo previo de análisis» de otras leyes.

El conseller señaló que también se hizo una consulta al Gobierno central y se expuso a sus responsables la idea de que la problemática es demasiado grande en Baleares «como para que de esto haya una discusión jurídica».

AL MARGEN

Aseguran que el proceso de exposición pública incumple la norma

A las advertencias del Constitucional se suman las alegaciones a la ley que ha presentado un particular en las que también se alerta de la posible inconstitucionalidad de la ley y añade otro elemento que, en su opinión, invalida todo el proceso. En las alegaciones se afirma que el proceso de exposición al público del anteproyecto de ley ha incumplido la normativa vigente y es, por la tanto, inválido. Afirma que el anteproyecto no incluye ni memoria justificativa, ni estudio económico en el que se valoren los aspectos financieros y las repercusiones presupuestarias que tendrá la puesta en marcha de esta nueva ley cuando entre en vigor.