La comparecencia tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en el marco de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales de la Cámara autonómica a raíz de la petición registrada en este sentido por Podemos, que fue apoyada por el PP.
Por su parte, el PI se abstuvo en la votación de la propuesta al considerarla «una tormenta en un vaso provocada por fuego amigo», mientras que PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y GxF votaron en contra.
La petición de archivo efectuada por la Abogacía en el caso Ópera -una de las 28 piezas del caso Palma Arena-, coincidió con el desestimiendo del ejercicio de acciones penales, también por parte de los servicios jurídicos del Govern, a raíz de las presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma.
Castro cerró el pasado 1 de septiembre la instrucción de estas pesquisas y abrió la vía para sentar en el banquillo al exmandatario autonómico por un delito de blanqueo de capitales.
La portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, aseveró tras registrar la propuesta de su partido que los servicios jurídicos de la Comunidad «tienen que actuar con independencia», si bien apuntó que al tratarse de la Abogacía autonómica «tiene que haber algún tipo de control sobre dichos servicios jurídicos y la actuaciones que se llevan a cabo».
En su solicitud, la formación señala que Segura deberá informar sobre su participación en las causas de presunta corrupción política que permanecen abiertas contra Matas. El partido justificaba la urgencia de la comparecencia debido a su destitución, motivada por el papel de la Abogacía en las anteriores causas.
Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, consideró que la decisión de la Abogacía en relación con estos casos no se «entiende» ni «política, ni socialmente», toda vez que la portavoz del gabinete autonómico, Pilar Costa, aseguró que el Ejecutivo desconocía la decisión de la Abogacía en relación con estos casos.
El fiscal anticorrupción en Baleares Pedro Horrach expresó, mientras tanto, su «indignación» ante la destitución de Segura: «No puede ser que el director de la Abogacía tenga un criterio jurídico no acorde con los criterios del partido político en el gobierno y éste sea el motivo para su destitución», señaló. Para él, este es otro ejemplo de utilización perversa del sistema, en este caso judicial, por motivos políticos.
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