El diputado Vicenç Thomàs ha incidido en que a los populares no les «gusta» esta ley y, por ello, creen que presentan esta petición al Consultiu. Según ha añadido, esto se debe a una «decisión política» del PP y no a una «decisión jurídica».
En relación a esta cuestión, la portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha asegurado que los partidos de la izquierda «quieren una Oficina Anticorrupción de persecución política» y no les importa que el organismo se ponga en marcha con dudas jurídicas.
Prohens ha defendido la exigencia de su grupo de que el proyecto de ley de la Oficina Anticorrupción que este martes se votará en el Parlament quede en suspenso hasta que el Consell Consutiu emita un dictamen sobre su régimen sancionador.
«No daremos cobertura a un tema que no tiene garantías», ha resaltado la portavoz, que lamenta que PSIB, Podemos y MÉS primen conseguir «un titular» y acelerar la puesta en marcha de la oficina por encima de la fiabilidad de la ley.
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No tenemos que pasar pena al final llegaran a un acuerdo bueno para ellos,si decidiera el pueblo no les gustaria tanto