El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha continuado este viernes con los interrogatorios en torno a la adjudicación presuntamente irregular del hospital de referencia de Baleares, Son Espases, y lo ha hecho con la declaración en calidad de imputado del extesorero del PP balear Fernando Areal, quien habría mediado en el presunto cobro de comisiones por parte de las principales empresas que concurrieron al proceso.
El juez busca esclarecer si la formación o el expresidente del Govern Jaume Matas exigieron comisiones, a cambio de la concesión de las obras, tanto a OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, ha comparecido este jueves como imputado, o a la UTE liderada por Dragados -empresa filial de ACS, de la que es presidente Florentino Pérez-.
Según declaró en su día el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, era habitual que el partido reclamase hasta un 3 por ciento en comisiones por cada obra pública que el Ejecutivo de Matas iba a sacar a concurso. Es más, precisó que, en el caso de Son Espases, la formación reclamó hasta nueve millones de euros a ambos grupos empresariales.
La última vez que Areal, cuñado de Matas -es hermano de la mujer de éste, Maite Areal- prestó declaración ante Castro fue el pasado mes de marzo y más en concreto en relación al pago presuntamente irregular de la reforma del la sede del PP. El imputado negó tajante que ésta que fuese sufragada con los fondos aportados por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.
Asimismo, aseguró que jamás ha pedido comisión alguna. Sin embargo, Castro cuenta con la declaración que efectuó el constructor Juan Serra en la pieza principal del caso Palma Arena, en la que reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó: hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de del propio Areal.
OTRAS CAUSAS EN LAS QUE SE LE INVESTIGA
Entre las causas en las que también se le investiga se encuentra el caso Over Marketing, considerada la ramificación balear del caso Gürtel, en el que el administrador de la anterior agencia de publicidad -encargada de diseñar la campaña electoral del PP balear en 2007-, Daniel Mercado, explicó cómo Areal era quien establecía en el partido los pagos en dinero A y B.
Tal y como señaló en su día ante el juez Castro, pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco, y en este contexto explicó que «el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones».
Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
Precisamente, tras declarar en su día en relación a estas afirmaciones, Areal abandonó las dependencias judiciales preguntándose ante los medios: «*Dinero negro? *Qué es eso?», negando por tanto haber cobrado dinero en B y acusando a Mercado de mentir.
AREAL, AL BANQUILLO EN OCTUBRE POR DELITO ELECTORAL
Se da la circunstancia de que a partir del próximo 8 de octubre Areal se sentará en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 4 del caso Palma Arena, centrada en el pago de hasta 71.958 euros que el PP, a través del extesorero, habría abonado en negro a la agencia de comunicación Nimbus por la organización de su campaña al haber superado los gastos electorales permitidos por Ley.
Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares dictó el pasado mes de junio un auto en el que avala la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Jaume Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.
En su resolución judicial, el tribunal consideraba «verosímil» la confesión efectuada en su día por el administrador de Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro los cerca de 72.000 euros.
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