Castro ha dictado hoy una providencia en la que da cuenta de que ha recibido el escrito registrado por los abogados de doña Cristina pidiendo el sobreseimiento para ella, así como de los seis escritos de acusación, y de otro anterior pidiendo también el archivo por parte de la defensa del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, documentación que deja pendiente de estudio y resolución.
Previsiblemente, el juez resolverá todos los escritos de forma conjunta cuando dicte el auto de apertura de juicio oral por esta causa en la que la infanta Cristina está imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, y para quien solo Manos Limpias ha solicitado al juez que la lleve a juicio.
Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, han solicitado la apertura de juicio oral para la infanta Cristina.
Tampoco lo han hecho la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia ni la abogacía de la Comunidad Valenciana que está personada únicamente para ejercer la acción civil en nombre de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA.
Ante dicha situación, la defensa de la infanta pidió ayer por escrito al juez Castro que archive la causa contra ella, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y de la llamada doctrina Botín, fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por dichos delitos fiscales.
Dada la extensión de todos los documentos y la dificultad que entraña trasladarlos, el juez Castro ha citado en el Juzgado de Instrucción número 3 a la Fiscalía y a los procuradores de todas las partes personadas y les ha pedido que acudan provistos de un sistema de almacenamiento masivo para poder entregarles los escritos.
Sólo los escritos de acusación de la Fiscalía y del sindicato Manos Limpias ya superan las 500 páginas de extensión cada uno, y además, en el caso del ministerio público, ha presentado cinco anexos adicionales.
En su escrito de calificación, el fiscal Pedro Horrach pidió la apertura de juicio oral por el caso Nóos contra catorce personas para quienes pide un total de 107 años de prisión, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, que fue responsable de personal del mismo y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.
Manos Limpias presentó acusación por ocho tipos delictivos distintos contra las 20 personas imputadas en la causa y reclama para ellas penas que suman 238 años y medio.
Los socialistas del Ayuntamiento de Valencia pidieron 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, otros 11 para Urdangarin y Torres y reclaman una responsabilidad solidaria para los tres de 1,5 millones de euros por el dinero con el que se contrató al Instituto Nóos la celebración de las jornadas Valencia Summit.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha solicitado una condena de 11 años para el expresidente autonómico Jaume Matas y únicamente acusa también a los demás ex altos cargos del Govern imputados en esta causa por los hechos relacionados con las islas y el presunto desvío de unos 2,5 millones de euros.
La Generalitat valenciana se ha adhirió a las peticiones del Ministerio Fiscal y reclama el posible perjuicio económico para las arcas públicas.
3 comentarios
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pobresita infanta, buuuaaaaaaaa.... buuuuaaaaaaa....
La Historia Interminable, 30 aniversario...
Señor Castro, VD sabe como sabemos todos los españoles que la unica culpable de todo el caso es la Infanta, si no fuera hija del anterior rey ¿ quien piensa que a Urdangarin y socio nadie le hubiese dado un euro?, todo por la cara de la Infanta y la de su padre, no hay ninguna duda. Otra cosa es que el señor Horrach quiera ascender haciendo injusticia.